POLÍTICA NUCLEAR

La PIAP, una decisión que nadie quiere tomar

Desde el año pasado los trabajadores de la PIAP buscan respuestas y luchan por su subsistencia en un campo de batalla que está años luz de su círculo de influencia.
martes, 26 de marzo de 2019 · 10:13

El presidente de CNEA, Osvaldo Calzetta Larreu, dijo recientemente a la revista TSS de la Universidad San Martin que “preferiría la construcción de la cuarta central más que la quinta. Si bien la cuarta no era un desarrollo tecnológico, era un desarrollo industrial e implicaba aprovechar todas las cosas que se habían hecho para la extensión de vida de las centrales nucleares”.

Las declaraciones de Calzetta Larreu antes de su viaje a China, marca la decisión del gobierno nacional en un cambio radical de la política nuclear. Desde el año pasado que el gobierno provincial auxilia con paliativos financieros a la PIAP; debido a que CNEA -su socia en la ENSI- se encuentra en el momento más complicado por la baja inversión que realiza el Gobierno Nacional en el área nuclear.

Para entender la magnitud que significa el cierre de la Planta Industrial de Agua Pesada es conveniente saber que la PIAP se construyó bajo el paraguas de el Plan Nuclear Argentino que demandaba 6 centrales nucleares a base de unario natural y agua pesada. Los distintos gobiernos, por razones políticas, económicas y geopolítica debieron retrasar el Plan postergando por décadas la independencia nuclear.

Al analizar la matriz energética en países desarrollados o en vías de desarrollo se observa que la energía nuclear ocupa un papel importante dentro de su diversificación estratégica. Según el mapa nuclear existen 449 reactores en 29 países, de los cuales 49 centrales utilizan agua pesada. Estados Unidos tiene 104 reactores nucleares que representa el 20% en su matriz energética. Es sin lugar a dudas el país con mayor cantidad de usinas en el mundo. Francia, con tan solo 58 plantas cubre el 75% de sus necesidades energéticas, convirtiéndose en una nación dependiente de energía nuclear.

 

En el caso de Japón, el 25% de su demanda eléctrica proviene de 54 reactores nucleares, mientras que España, con 8 reactores abastece el 18% del mercado local. Es decir, estas naciones mantienen y estimulan el crecimiento energético nuclear por encima del 15% de su demanda real. Pero Argentina solo cuenta –hasta el momento- con 3 reactores nucleares de los 6 proyectados originalmente, y una participación de solo el 4% en el mercado interno.

Cuando se habla del cierre de la PIAP hay que analizar el significado y la consecuencia que esta decisión conlleva al futuro energético del país.

El actual gobierno tenía sobre su escritorio los acuerdos con la República Popular China para la construcción y puesta en marcha de dos nuevas centrales nucleares financiadas íntegramente por ese país, a bajo costo y con cancelación a partir del octavo año de su ejecución. En síntesis, una vez que las centrales empezaran a producir y vender energía se comenzaba a pagar el crédito. Ni el Tesoro ni el BCRA debían afrontar los préstamos o el financiamiento. Entonces ¿porque con la necesidad energética actual, el gobierno no continuó con las conversaciones con China?

Cuando Argentina no había concluido el ciclo de combustibles nucleares y era dependiente del suministro de agua pesada para sus centrales, este producto se adquiría en el mercado internacional a U$D 500 el kilo. A partir del 9 de septiembre de 1994 -el día que se obtuvo agua pesada grado reactor- el producto comenzó a cotizarse entre U$D 150 y U$D 250 el kilo. El ingreso de Argentina al mercado internacional cambió las reglas del juego, las relaciones geopolíticas y la competencia en un mercado atomizado por grandes naciones con el apoyo de importantes grupos económicos.

Con la decisión de cancelar la cuarta central y mutar a tecnología de uranio enriquecido se inició un proceso de desinversión en un área estratégica del Estado, la consecuente incertidumbre de técnicos y profesionales del sector nuclear y la concentración de la generación eléctrica en un pequeño grupo de empresas privadas.

La construcción de la cuarta central generaba un horizonte de producción de 6 años a la PIAP y posibilitaba continuar compitiendo en el mercado internacional. El actual mapa nuclear contempla 48 centrales que utilizan agua pesada y necesitan una reposición técnica del orden del 1,5% al 2% anual de la carga inicial. Como dato, la carga inicial es igual a la capacidad de producción de energía de cada central. En la actualidad, los 48 reactores producen 24.557 MW. Es decir que el mercado internacional demandaría aproximadamente 360 Ton/año de agua pesada para las actuales centrales en operación.

Visto simplemente en términos de mercado no se justificaría el cierre de una industria que tiene un importante potencial, pero las variables geopolíticas y las relaciones internacionales condicionan los acuerdos con potenciales países clientes. El agua pesada, no solo es elemento combustible para la energía nuclear sino es considerado un elemento estratégico, y por ello es que Argentina se encuentra limitada con la mayoría de los países asiáticos (Corea del Norte, Irán, Pakistán, India, entre otros). Entendiendo este limitante, el mercado de agua pesada se restringe apareciendo las presiones de las grandes naciones con el apoyo de importantes grupos económicos. Es aquí donde el cierre de la PIAP comienza a tener significado internacional.

Durante el 2001 el gobierno nacional, presionado por los mismos actores internacionales, intentó cerrar la planta. En ese entonces, los propios trabajadores se reinventaron prestando servicios a la industria petrolera, el arco político neuquino -sin banderías políticas ni gremiales junto a los intendentes de las ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén- acudieron al Congreso de la Nación bajo el liderazgo del entonces Senador Nacional Pedro Salvatori. El gobierno del Neuquén y ENSI consiguieron ser escuchados evitando la destrucción de un sector tecnológico y energético que debió administrarse bajo las variables de las políticas económica de los últimos 20 años.

Hoy la historia se repite y las presiones internacionales continúan. El interrogante que persisten entre los operadores de la planta es saber porque el Estado Nacional puede subvencionar a la actividad privada en desmedro de la actividad pública-estatal. El ejemplo es la implementación de la resolución 46 para el desarrollo de los “no convencionales” de Vaca Muerta. Claramente el precio sostén escalonado del gas durante 4 años es un estímulo a la industria privada para generar la base del desarrollo hidrocarburífero de Neuquén.

La proyección presupuestaria de los No Convencionales para el 2019 contemplaba una erogación del orden de los 1.250 millones de dólares, considerando los proyectos incorporados y los ocho restantes que estuvieron en evaluación por más de un año. Con el ingreso del FMI en las decisiones de política económica se implementó bajar los subsidios y asignar recursos a los programas en ejecución hasta un total de U$D 700 millones de dólares. Una cifra similar a la que necesitaría la PIAP para reconvertir su infraestructura en una Planta de Fertilizantes, continuar compitiendo en el mercado internacional de agua pesada, reasegurar la independencia tecnológica en el suministro del ciclo de combustible nuclear y producir un nuevo producto -como son los fertilizantes nitrogenados-, evitando la importación y generando una competencia en el mercado interno con Bahía Blanca.

El gobierno provincial, con nula injerencia en la política nuclear, continúa acarreando sobre sus espaldas el financiamiento de los salarios del personal de PIAP, hasta tanto algún funcionario de Balcarce 50 decida dar vuelta la página de la historia nuclear argentina, asumir el costo político y enviar al gobierno provincial a cerrar una industria en pleno corazón de Vaca Muerta.

 

Por Raúl Oscar Vila

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