Un total de 509 intendentes del interior del país rechazaron este domingo la “persecución judicial” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y denunciaron “utilización” del sistema judicial para “estigmatizarla”.
El fuerte respaldo y apoyo político se produce en la fecha previa al conocerse el alegato final del fiscal de la Causa Vialidad Diego Luciani, que el lunes solicitará una condena de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Además, se realiza en medio de los cuestionamientos al Poder Judicial a partir de las relaciones de proximidad entre jueces y poder político opositor que quedaron expuestas con las fotos del fiscal Luciani y el Juez Mariano Llorens, quienes compartían partidos de fútbol a la quinta de Mauricio Macri.
Desde la provincia de Neuquén, dan su apoyo a la vicepresidenta los intendentes de: Mariano Moreno, Javier Huillipan; de Barracas, Rubén Figueroa; de Cutral Co, José Rioseco y de Santo Tomás, Víctor López. Además, desde la provincia de Río Negro se pronunciaron a favor ocho firmantes: Héctor Leineker, intendente de Conesa; Liliana Alvarado, intendenta de Cinco Saltos; Alberto Pacenti, intendente de Chichinales; Sergio Hernández, intendente de Lamarque; Luis Ivancich, intendente de General. E. Godoy; David Mendoza, Intendente de Belisle; Claudia Montanaro, intendenta de Cervantes; y Renzo Tamburrini, Intendente de Sierra Grande
En el texto, además de Neuquén y Río Negro, hay representantes de Jujuy, Córdoba, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
El comunicado, sostiene que “la persecución judicial sobre la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”.
“Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”, afirman los intendentes.
El pasado viernes, los fiscales Luciani y Sergio Mola señalaron que a su criterio está probado que Cristina Kirchner cometió dos delitos: fue la jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner pergeño un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez reciba obra pública para Santa Cruz durante 12 años que en gran parte no terminó pero que cobró de manera completa con sobreprecios e incumpliendo normativas, y que así también se defraudó al Estado nacional.
El delito de fraude en perjuicio de alguna administración pública está contemplado en el artículo 174 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión. Pero también establece que “el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. Así, si el fiscal entiende que se cometió ese delito no puede evitar pedir en su condena la inhabilitación para ejercer cargos públicos.