El traslado de la sede administrativa de la Nación desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Patagonia parece dejar de ser una idea relegada a los libros de historia para convertirse en un proyecto con posibilidades reales. El viejo proyecto de Raúl Alfonsín que desempolvó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, pretende que Viedma sea la Capital Federal.
En 1986, desde el balcón del hoy Ministerio de Economía de Río Negro, Alfonsín anunció el traslado de la Capital Federal a Viedma. Aunque se sancionó la ley en el Congreso, no pudo concretarse.
La nueva versión del proyecto propone que la Capital Federal se traslade al distrito conformado por las ciudades de Viedma (Río Negro) y Carmen de Patagones (Buenos Aires), dos localidades ubicadas en la región más austral de Argentina.
Torres, quien se ha convertido en un férreo defensor del federalismo y la descentralización, busca que el proyecto sea discutido en el Senado, y en este sentido, ya trabaja codo a codo con el interbloque “Provincias Unidas”, una coalición de legisladores de distintas provincias, entre los cuales se destaca la senadora radical Edith Terenzi, representante de Chubut y la neuquina Lucila Crexell.
Según el gobernador, el proyecto cuenta con el apoyo de algunos funcionarios del Gobierno Nacional, quienes verían con buenos ojos la mudanza de la Capital, entendiendo que se trata de una medida que podría aliviar la concentración de poder y recursos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Torres afirmó que el traslado de la sede administrativa no solo sería un paso hacia una mayor equidad territorial, sino también una oportunidad para descentralizar la actividad económica y judicial, especialmente en una región del país que históricamente estuvo marginada en términos de infraestructura y desarrollo.
“El Estado tiene bienes ociosos que se pueden vender, y el proceso de mudanza de la sede administrativa federal, si se decide, llevaría entre 10 y 12 años, lo que nos da tiempo para una transición ordenada”, explicó.
La propuesta de Torres se apoya en la idea de que otros países del mundo, como Australia, Estados Unidos y Brasil, ya han trasladado sus capitales para fomentar el desarrollo en otras regiones del país y descomprimir las grandes urbes. A pesar de los desafíos logísticos y económicos que conlleva un proyecto de esta magnitud, el gobernador asegura que la mudanza podría tener beneficios a largo plazo, tanto para la economía como para el sistema judicial.
A lo largo de las últimas semanas, el tema cobró protagonismo en los medios de comunicación, y Torres utilizó cada oportunidad para poner sobre la mesa la posibilidad de una reforma estructural en el país. En una aparición en el programa de Mirtha Legrand, el gobernador subrayó que el proyecto es “transversal a todos los partidos”, lo que le daría una base de apoyo más amplia. Sin embargo, algunos analistas consideran que la propuesta podría encontrar resistencia tanto dentro del Congreso como entre los sectores más arraigados al poder centralizado en Buenos Aires.
El desafío no será menor. En primer lugar, la mudanza de la sede administrativa no solo implica el cambio físico de oficinas y organismos, sino también una profunda reconfiguración política y económica. Se necesitaría una inversión significativa en infraestructura, que según Torres, podría financiarse a través de la venta de bienes ociosos del Estado, pero que en el corto plazo podría generar tensiones fiscales.
Más allá de la factibilidad técnica y económica, la mudanza de la Capital también es vista por algunos como una medida simbólica que podría alterar el equilibrio de poder en el país. Tras décadas de centralización, la idea de trasladar la Capital a la Patagonia podría ser interpretada como un acto de desafío al histórico predominio político y económico de Buenos Aires. Sin embargo, también podría ser el primer paso hacia una mayor federalización del país, permitiendo a las provincias tener un papel más preeminente en las decisiones nacionales.