La Cámara de Diputados debatirá este miércoles en comisión el tratamiento del proyecto del Gobierno que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal.
A partir de las 12.30, en el edificio Anexo C, el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto se reunirá para tratar el proyecto de ley mencionado y también se debatirán los proyectos sobre trata de personas y de ley antimafia.
Durante la primera reunión informativa acerca de la ley de reforma del Régimen Penal Juvenil expondrán el secretario de Justicia, Sebastián Amerio y el director nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, en tanto en la segunda se espera la palabra de los autores de diferentes proyectos que se encuentran en la Cámara baja.
El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; este tope se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.
El proyecto fue ingresado por el Gobierno en la Cámara baja el pasado 16 de julio. La norma establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.
A lo largo del texto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua y el máximo de prisión será de 20 años; este tope se mantendrán aún si la escala penal fuera más elevada.
Los impulsores de la iniciativa fueron los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich. En la presentación del proyecto habían puntualizado que la reforma se fundamenta en que “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes".
"Esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general. Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones", habían expresado los ministros en aquella presentación.