El tribunal integrado por Luis Giorgetti, Raúl Aufranc y Diego Chavarría Ruiz dictó la sentencia para los jefes policiales declarados responsables por los hechos sucedidos el 4 de abril de 2007 en Arroyito, donde producto de la represión perdió la vida el docente Carlos Fuentealba. En todos los casos, la determinación de pena fueron más bajas que las solicitadas por la querella.
Además de las penas, incluyen inhabilitaciones especiales y exigencia de cumplimiento de reglas de conducta:no modificar el domicilio y presentarse cada 6 meses ante la Dirección de Población Judicializada. Ante un incumplimiento o ante la comisión de un nuevo delito, la condicionalidad se debe revocar.
En el caso de Benito Ariel Matus, responsable de abuso de armas agravado por ser funcionario policial, los jueces dictaminaron la pena de 1 año y 4 meses y la inhabilitación para portar armas por 6 meses.
En principio, la fiscalía representada por Maximiliano Breide Obeid y los querellantes Ricardo Mendaña y Medrano solicitaron una pena de 3 años en suspenso y que por 1 años no pueda portar armas. Mientras, el defensor había pedido la pena de 1 año y 4 meses; y, en caso de que proceda la inhabilitación de portación de armas, sea por medio año.
Por otra parte, los ex jefes que llevaron a cabo la represión y fueron condenados por abuso de autoridad (Carlos David Zalazar, Moisés Soto, Adolfo Federico Soto y Mario Rinzafri) el tribunal les fijó 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional. También, se les fijó la inhabilitación de 3 años.
Por último, Jorge Garrido fue condenado a 1 año y 4 meses de prisión condicional, cuando la querella había pedido 1 año y 10 meses. Además, su inhabilitación especial será de 2 años y 8 meses.