Desde hace un tiempo la Policía de Río Negro no para de sumar escándalos. Esta vez, la Justicia condenó con pena de prisión en suspenso a dos uniformados que durante la pandemia detuvieron a un joven menor que violaba las restricciones, lo llevaron a la comisaría, lo humillaron y golpearon. En el juicio fueron declarados culpables y durante la cesura el fiscal y el defensor negociaron los dos años de prisión y no perder el trabajo. De esta manera lograron seguir dentro de la fuerza provincial.
El hecho se produjo el 30 de septiembre de 2020, durante la pandemia y cuando regían las restricciones de circulación para evitar el contagio de Covid-19. El adolescente andaba en bicicleta junto con su tío y otro joven que caminaba al costado, por las calles del barrio Don Bosco, hasta que en La Esmeralda y Colombia. Tres policías que hacían trabajo de prevención a pié le recriminaron a la víctima que no tenía colocado el barbijo obligatorio.
En el expediente está probado que luego de una discusión, el joven se fue en su bicicleta y desobedeció el pedido de DNI que le realizó uno de los policías. Pero a sólo una cuadra lo interceptó un patrullero conducido por el cabo Ángel Contreras y el sargento Mario Vera, como acompañante, quien bajó y lo amenazó con detenerlo porque creía que la bicicleta era robada. La víctima volvió a asustarse y quiso escapar, pero tras una persecución se cayó en Primeros Pobladores y Arenales.
Preso de miedo, como pudo salió corriendo, pero una cuadra después finalmente fue detenido. Como si fuera un delincuente, le colocaron las esposas y Vera le pegó dos fuertes trompadas en la panza. Aún sin lograr reponerse, el joven fue subido a la fuerza al patrullero y llevado a la Comisaría 24°, sobre calle Perú, donde continuaron con las humillaciones y vejaciones.
Mientras el chico intentaba explicarles que era menor y pedía a gritos por su mamá, lo tiraron esposado contra una pared y continuaron con los golpes. Uno le pegaba en la cabeza y otro continuaba con las piñas en el estómago. Cuando la víctima no aguantó más y cayó al piso, Contreras le dio una patada y le exigió que se baje los pantalones.
Casi como una súplica, el chico les explicaba que era menor de 18 años y que por favor llame a su mamá. Cuando se cansaron de golpearlo, finalmente llamaron por teléfono y fue la madre la que confirmó la edad de su hijo. Cuando la mujer llegó a la Comisaría 24°, encontró a su hijo golpeado y decidió llevarlo a la hospital. Luego de certificar las heridas leves, realizó la denuncia y los policías fueron imputados por vejaciones agravadas por el empleo de violencia.
El juez Guillermo Baquero Lazcano ponderó que la “declaración del menor es sincera” y que “si bien se advierte que tiene esta discapacidad, su relato es coherente con lo que vivió y con lo que se comprobó en el juicio". Hizo referencia a que los policías debieron advertir "su discapacidad o retraso metal. En el juicio esto lo noté sin mayor esfuerzo" y remarcó que "no hace falta ser psicólogo para darse cuenta"
Describió que le decían maricón por llamar a su mamá, "todo un trato completamente ajeno a la función policial, lejos del buen obrar del policía". Y también apuntó a la instrucción de la causa, porque en la Comisaría 24° había otros empleados policiales que debieron haber intervenido. El accionar de ellos fue reprochable porque tuvieron que haber escuchado los gritos de la víctima.
A la hora de dictar sentencia, se cuestionó la inhabilitación sólo para cumplir tareas de seguridad o investigación judicial dentro de la fuerza, pero que pueden continuar en la Policía como administrativos o maestranza. El jefe de los fiscales, Santiago Márquez Gauna, le recordó que la Constitución de Río Negro dice que "no se puede ser funcionario público si se es condenado por delito doloso, más aún si es por delito cometido en abuso de la función", una norma que aplica para los policías.
El defensor Pablo Barrionuevo insistió para que no pierdan su trabajo. Explicó que Vera es sostén económico de sus hijos menores, y que tiene una cuota alimentaria respecto de ellos. Y que Contreras necesita trabajar para pagar el alquiler y ayudar económicamente a su madre.
Baquero Lazcano entendió que el pedido del fiscal fue desproporcionado y valoró "la buena impresión" de los imputados. De esta manera los condenó a sólo dos años de prisión en suspenso. Además deberán cumplir pautas de conducta y estarán cuatro años inhabilitados para portar armas.