Dos hombres y una mujer fueron acusados por la fiscal Silvia Moreira por formar parte de una organización dedicada a vender estupefacientes en San Patricio del Chañar. La mujer comercializaba las drogas desde la ventana de su habitación en una toma de la localidad, mientras que los dos hombres fueron detenidos en una vivienda desde la que se coordinaba el accionar de la banda.
La fiscal del caso formuló cargos a las tres personas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de más de dos personas. A la mujer, quien está embarazada y tiene a su cargo un niño de 3 años, se le impusieron medidas de control más leves. En tanto, a uno de los hombres se le atribuyó el rol de coordinación de la estructura delictiva.
A la mujer (C.M.D), se le imputó que el 3 de junio al mediodía, cuando la división Antinarcóticos de la Policía provincial allanó su domicilio en una toma de El Chañar, tenía “a su exclusiva disposición 90 envoltorios con 28 gramos de cocaína y $318.000 en efectivo”. La droga estaba en distintos espacios de una habitación desde la que se realizaban las ventas, e incluso en los cajones de una cuna funcional en la que duerme su hijo.
A los dos hombres (J.G.A y D.A.F, ) se les atribuyó tener a su disposición sustancias estupefacientes con la finalidad de comercializarlas. Explicó que en un allanamiento simultáneo al realizado en el domicilio de C.M.D, la policía ingresó a otra vivienda de la localidad donde se encontraron "718 gramos de cannabis sativa, en diversos formatos; 129 gramos de cocaína, fraccionados en 336 dosis; cuatro balanzas; $1.235.000, recortes de nylon de diversos colores y un contador de dinero”, describió la fiscal del caso.
La droga estaba en distintos espacios de una habitación desde la que se realizaban las ventas, e incluso en los cajones de una cuna funcional en la que duerme el hijo de una de las integrantes de la banda.
De la investigación surge que D.A.F tendría un rol principal en la organización, siendo el dueño de casa, y participe en la asignación de tareas. En tanto, el rol de J.A. era el de colaborar en la vigilancia y cuidado del punto de venta. Por otra parte, C.M.D. era la vendedora, cuyo punto de comercialización estaba ubicado en la toma La Costa.
Moreira precisó que la investigación previa desarrollada por la Policía, con observación sistematizada de los dos lugares, permitió señalar roles y funciones, además de identificar vehículos y personas que formaron parte de los delitos investigados.
Medidas cautelares
Para garantizar el avance de la investigación, que el juez de garantías Marco Lupica Cristo fijó en 4 meses luego de tener por formulados los cargos, Moreira requirió que la mujer realice presentaciones semanales en la comisaría de El Chañar, y que no puede dejar la provincia.
Sin oposición de la defensa, el magistrado convalidó este pedido, por considerar que se dan los dos riesgos procesales que planteó la fiscal: peligro de entorpecimiento del proceso y de fuga.
Respecto de los hombres, la fiscal realizó planteos diferenciados: por un lado, solicitó que J.G.A cumpla prisión domiciliaria fuera de la localidad; mientras que respecto de D.A.F, el pedido fue de prisión preventiva. Si bien consideró que en ambos casos se configuran los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, la medida más extrema respecto de D.A.F tiene que ver con el rol de organizador que le atribuyó la fiscalía.
Tras escuchar a las partes, Lupica Cristo también hizo lugar a las formulaciones de cargos de los dos varones, como así también de ambas medidas de coerción, por 4 meses. En el caso de la prisión domiciliaria de J.G.A, el magistrado señaló que se podrá hacer efectiva una vez que se verifique la viabilidad de un domicilio. Hasta tanto eso ocurra, extendió la prisión preventiva por 48 horas.