Tres años para imputar a un violento

En junio de 2021, una persona identificada por la Justicia como J.C.M, cometió al menos dos agresiones graves contra su pareja, una mujer que vive en Zapala. El tiempo pasó con sucesivas "desobediencias" del agresor en cuestión a las recomendaciones que se les hacían; y recién ahora, en febrero de 2024, una fiscal, Laura Pizzipaulo, imputó al agresor; y la jueza a cargo ordenó un plazo de "investigación" -si es que queda todavía algo por investigar- de cuatro meses.

El caso, uno de tantos, demuestra la exasperante aunque acostumbrada lentitud de la burocracia judicial, más allá de que siempre sea positivo que se concreten las medidas lógicas cuando hay, como aquí, violencia de género, con lesiones producidas en su transcurso. Hay que considerar que la mujer agredida ha vivido tres años sin que la Justicia resolviera, en concreto, la situación de amenaza constante que sin duda ha padecido.

El imputado estaba en situación de rebeldía. Una rebeldía que también se prolongó demasiado. No por culpa de quien desobedece, sino, posiblemente, por lentitud de quien está obligado a actuar para que la ley se cumpla. Ahora, claro, la rebeldía se dejó de lado, la imputación es concreta, y hay un plazo. Pero... todo esto sucede tres años después de los hechos.

Según informó la fiscalía, el 1 de junio de 2021, alrededor de las 22, se produjo la primera agresión. El imputado estaba en la casa de su expareja y de manera repentina comenzó a golpearla con golpes de puño, provocándole lesiones.  Después, el 14 de junio del mismo año, intentó ingresar a la vivienda de la víctima por una ventana, mientras estaba vigente una orden judicial que le impedía acercarse a la casa y ejercer de actos de perturbación hacia ella.

Los delitos que le atribuyó la fiscal ahora, fueron "lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja, en concurso real con desobediencia de una orden judicial, todo en contexto de violencia de género".