La República Argentina recibió un revés judicial en la causa del “Cupón PBI”, luego que la Corte Suprema del Reino Unido desestimó un pedido para que le permitiera apelar una sentencia que obliga al país a pagar US$1500 millones (1300 millones de euros más intereses) por la manipulación de datos del Indec durante el kirchnerismo.
Dicha decisión judicial, deja a la Argentina sin instancias legales para intentar revertir el fallo de abril de 2023 y habilita a los demandantes a ejecutar la garantía de 313 millones de euros que el país depositó en marzo para seguir el camino de la apelación, que este martes quedó cerrado.
Según indicó el analista de Latin Advirsors, Sebastián Maril, esta es la primera vez desde 2014, con el fallo a favor de los fondos buitres por el default de 2001, que la Argentina agota todas las instancias legales en este tipo de litigios internacionales.
El paso siguiente para el gobierno de Javier Milei, será el de definir si abona la sentencia por 1330 millones de euros más intereses. Se debe tener en cuenta que, en 2014, el país desoyó el resultado de esa batalla legal a favor de los bonistas y el juez Thomas Griesa tomó una serie de medidas cautelares y la Argentina ingresó en default (cesación de pagos), según recordó Maril.
La causa perdida en Londres
En 2014, el gobierno decidió cambiar la forma de cálculo del crecimiento y, tras esa modificación, los cupones no pagaron intereses por el dato del año 2013.
La Argentina perdió en 2013, en Reino Unido, un juicio que habían iniciado cuatro años antes los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited. Por aquellos tiempos, ellos reclamaban un total de US$ 636 millones, pero el fallo de abril de 2023 amplió su alcance al universo total de acreedores (incluso los que no habían comenzado una acción legal). Así fue que el número ascendió hasta superar los 1300 millones de euros (unos US$1500 millones).
Sobre el final de marzo, el Gobierno había apelado la sentencia y para hacerlo tuvo que crear un fideicomiso y depositar allí US$ 337 millones como garantía. El intento tuvo un revés en junio, con la Cámara de Apelaciones y ahora con la Corte Suprema inglesa.
Este mismo caso, conocido como “Cupón PBI” también generó reclamos en Estados Unidos. Sin embargo, la jueza Loretta Preska -la misma que ordenó al país pagar US$16.000 millones por la expropiación del 51% de las acciones de YPF- falló a favor del país y desestimó la causa por un tecnicismo. Respondiendo a esto, el fondo Aurelius ya presentó una nueva demanda contra el país por el mismo caso. Esta vez reclaman US$1300 millones.
La medida que denunciaron los bonistas
En 2005, durante la gestión de Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Economía, y Guillermo Nielsen, como secretario de Finanzas, pusieron en función los Valores Negociables Vinculados al PBI. Dichos valores determinaban pagos a bonistas cuando el crecimiento económico del año superaba el 3% y fueron apodados como “cupones PBI”. Es decir, la Argentina pagaría más si su economía crecía.
Hasta el año 2010, este instrumento se convirtió en uno de los activos favoritos del mercado local ante el crecimiento a “tasas chinas”. Sin embargo, a partir de 2012 no se registraron más desembolsos y los datos del PBI que publicó el Indec se vieron afectados por la manipulación de las estadísticas.
En 2014, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que el crecimiento económico de 2013 había sido de 3%. Ese número era inferior al 3,2% necesario para que se ejecutara el pago del “Cupón PBI” en diciembre de ese mismo año por un total de US$ 3000 millones.
En febrero del mismo año, el propio INDEC sostuvo que la economía había crecido 4,9% en 2013., por lo que no se entendía la diferencia. Pasa que el Instituto había hecho la estimación basada en un cálculo de 1993, pero desde enero de ese año el actual gobernador de Buenos Aires optó por aplicar una nueva metodología para calcular el PBI, basada en 2004.
En 2018, con Mauricio Macri al frente de la gestión, se revisaron los datos de crecimiento económico durante la gestión anterior y se determinó que ninguna de las dos cifras difundidas por el INDEC era correcta, ya que, de acuerdo a la estimación de ese año, el crecimiento fue del 2,4%.
Mediante el cálculo realizado en 2018 también dejó la cifra por debajo del umbral que generaba el pago de los cupones, lo que provocó que un año después los cuatro fondos demandaran a la Argentina debido a que esos pagos no fueron realizados.