Una pericia caligráfica fue determinante para identificar al integrante del jurado popular que, en septiembre de 2022, amenazó a sus pares con un mensaje en la pared de un baño del edificio judicial y obligó a anular el juicio por el femicidio de Agostina Gisfman.
Es por eso que el fiscal jefe Juan Agustín García anunció que solicitará la realización de una audiencia de formulación de cargos para el varón sospechado, luego que el gabinete de Criminalística de la Policía le entregó a la fiscal María Eugenia Titanti el informe de la pericia caligráfica.
Los expertos analizaron el cuerpo de escritura del mensaje intimidatorio por el que el integrante del jurado presionó a sus colegas a que “voten bien” y la compararon con los manuscritos realizados por la persona sospechosa.
"A partir de esta información vamos a solicitar la audiencia de formulación de cargos en los próximos días, para imputar el delito de amenaza simple", precisó el fiscal jefe. "Si bien es un delito que prevé una pena leve, y probablemente el caso finalice con una salida alternativa al juicio, creemos que es necesario avanzar con la acusación por el impacto institucional que tuvo el accionar de la persona sospechosa", agregó.
Un escándalo
Desde enero de 2014 en que se puso en marcha la modalidad de juicios por jurados, un mecanismo de avanzada en el país, nunca había ocurrido un episodio similar, y encendió las alarmas en cuanto a la seguridad de los integrantes del tribunal popular.
El juicio por jurados por el femicidio de Agostina Gisfman fue anulado el 21 de septiembre de 2022, luego de que integrantes del jurado popular se sintieran intimidados por una frase escrita en un baño de la Ciudad Judicial, durante la etapa de deliberación. La frase sugería a los y las integrantes del jurado que debían “votar bien" y que los domicilios de ellos y ellas eran conocidos. Fue escrita en una pared del baño de varones al que tenía acceso el jurado popular.
En aquel momento, el fiscal García y la fiscal Titanti comenzaron una investigación penal para intentar determinar quién o quienes fueron las personas que cometieron el hecho.
En tanto el juicio fue suspendido por disposición de la jueza de Garantías Leticia Lorenzo, quien resolvió que la Oficina Judicial debía realizar uno nuevo con otro jurado popular.
El segundo juicio