Dentro de un mes, el próximo 29 de septiembre, termina el plazo de investigación en la causa de estafa con planes sociales, en donde un grupo de ex funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo están imputados por haber integrado una asociación ilícita. La siguiente instancia judicial es el requerimiento de apertura a juicio. Antes de eso, la fiscalía solicitará el sobreseimiento de cuatro de los 26 imputados para que pasen a declarar como testigos durante el enjuiciamiento.
En contacto con el programa Así Estamos por Mitre Patagonia, el fiscal del caso de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez, detalló que en las próximas semanas habrá una audiencia en donde pedirán que se le quiten los cargos a estas cuatro personas, ya que la intención del Ministerio Público Fiscal es que declaren como testigos en el juicio y no como imputados.
Narváez no aclaró qué rol ocupaban estos imputados dentro de la asociación que se dedicaba a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debito. Sin embargo, señaló que fueron "bastante colaboradores" con la fiscalía, cuyos testimonios fueron cotejados con otras pruebas, lo que determinó que sus aportes no eran falsos.
Por otra parte, indicó que en estos momentos están ultimando la pericia contable, la cual se suma a la informática -en donde cruzaron correos y mensajes entre los involucrados- y la caligráfica, la cual certifica que imputados responsables de determinados organismos daban su firma para realizar ciertas maniobras-.
Una vez que la fiscalía presenta la acusación (cuya intención es hacerlo antes del 29 de septiembre), la defensa tendrá hasta cinco días para preparar el caso antes de la audiencia de control de la acusación, la cual estiman que se realice en un plazo de dos meses posteriores a esta instancia. Según añadió Narváez, la etapa intermedia del proceso judicial concluiría antes de fin de año.
Los ex funcionarios llegan con medidas cautelares
La jueza de garantías Estefanía Sauli rechazó el pedido de liberación del imputado Ricardo Soiza, ex director general del Ministerio de Desarrollo Social, quien pidió quedar en libertad tras cumplir 70 años por aplicación del artículo 115, inciso tercero, del Código Procesal Penal.
“Las normas están para ser analizadas e interpretadas. Y digo esto porque entiendo que el artículo 115 no aplica de manera automática en el caso en que se me solicita”, sostuvo la jueza, por lo que decidió dar lugar al pedido de la fiscalía en que continúe con preventiva.
En el marco de las medidas cautelares impuestas a instancias de la fiscalía para evitar que las personas imputadas entorpezcan la investigación, también continúa en prisión preventiva Marcos Daniel Osuna, quien al momento de los hechos era el responsable de Gestión de Programas del Ministerio de Desarrollo Social.
En el grupo de exfuncionarios imputados también se encuentra el ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, Néstor Pablo Sanz, quien cumple prisión domiciliaria. Por su parte, los acusados Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social, y Tomás Siengentharler, ex coordinador de Administración de Desarrollo Social, y en el resto de los acusados, las medidas cautelares que rigen tienen que ver con embargos y restricciones económicas.
Todas las personas están acusadas como jefes o partícipes por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, 9.303 hechos en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal).