Un conflicto familiar escaló de forma violenta en el oeste de Neuquén. Una mamá y un papá (que no se encuentran más juntos) circulaban en auto con su hija cuando un ex familiar los frenó y amenazó con armas de fuego. Con el correr de los días, y denuncias de por medio, la disputa desató tiros y amenazas virtuales. El hombre quedó imputado.
El primer hecho sucedió el 11 de septiembre, entre las calles Rodhe y San Martín. Allí, la expareja viajaba con la menor cuando fueron encerrados por un Volkswagen Polo. Del vehículo se bajaron dos personas (uno de ellos, el acusado) y, con insultos y exhibiendo armas de fuego, amenazaron a las víctimas para que se bajen.
La secuencia fue denunciada en una comisaría y la fiscalía de Actuación Genérica allanó la vivienda de quien era cuñado de la mujer y concuñado del hombre. A los dos días, uno de ellos recibió un mensaje intimidante a través de Instagram: “Más vale que me paguen la puerta que me rompieron porque los voy a hacer cagar”.
Esa misma tarde, el 13 de septiembre alrededor de las 18, el acusado fue hacia la barbería de la pareja ubicada sobre la calle Antártida Argentina. En el lugar se encontraron vainas servidas, plomos y daños en los asientos y el frente del comercio. De acuerdo a testimonios que recogió la Policía, dos personas efectuaron las detonaciones y corrieron hacia una esquina, en donde se subieron a un Volkswagen Polo que los esperaba.
Al imputado (cuyas siglas trascendieron como G.A.C) le formularon los cargos por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. En este sentido, con respecto a los disparos contra la barbería, la Justicia espera distintas medidas de prueba para formalizar la acusación.
Como medida de coerción, el asistente letrado Emilio Briguglio requirió que se le imponga la prohibición de acercarse a las víctimas y su grupo familiar por un radio de al menos 100 metros; la prohibición de ejercer cualquier acto de perturbación o violencia hacia las víctimas y su grupo familiar por cualquier medio; y la obligación de presentarse cada 15 días en una comisaría de esta ciudad, todo por un plazo de cuatro meses, el mismo establecido para la investigación. El juez de garantías que dirigió la audiencia, Marco Lupica Cristo, avaló la formulación de cargos, así como el pedido de las medidas de coerción por el tiempo requerido.