La Justicia otorgó un plazo 10 días a las familias que ocupan un predio en la zona de La Alameda para que se retiren y si no cumplen, se producirá un desalojo por la fuerza
Son los vecinos que ayer en la madrugada bloquearon los portones de ingreso a la secretaría de Servicios Públicos en el Parque Industrial de Cipolletti.
“Nos dijeron que tenemos 10 días hábiles para abandonar el predio, si no van a desalojarnos por la fuerza. Nosotros pedimos un lugar donde poder vivir, donde tener una casa, y poder pagarla. Somos 43 familias, mujeres y chicos, y sin esto nos quedamos en la calle”, explicó una mujer que vive en La Alameda
“No vamos a quedarnos con los brazos cruzados sin una solución, vamos a resistir el desalojo. Tenemos dos opciones: o nos quedamos donde estamos o nos reubican en otro sector con la posibilidad de acceder a una vivienda que pagaremos en cuotas. Si no tenemos respuestas, el lunes nos vamos a la Municipalidad”, agregó
La próxima semana serán recibidos por la titular de Desarrollo Humano
Desde el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti pidieron que se confirme la decisión de desalojar el predio privado en la zona del parque industrial, y el Juez de Juicio que intervino en la audiencia de revisión ratificó la medida cautelar. La defensa había solicitado que se suspenda el dictado de la cautelar.
La fiscalía sostuvo que la magistrada había resuelto conforme a derecho y que además de los derechos constitucionales de orden social también debían garantizarse los de primera generación, entre los que se encuentran el derecho a la propiedad y al ejercicio de una industria lícita.
En su dictamen y al igual que la defensora de niños y adolescentes, la defensa solicitó un plazo prudencial para llevar a cabo una conciliación y buscar una salida alternativa al conflicto, evitando una medida violenta como el desalojo.
En la audiencia, el juez explicó que, si bien no desconocía el derecho al acceso a una vivienda, los derechos de las personas terminan donde empiezan los de las demás personas y que no podía reclamarse un derecho violentando los de terceras personas ajenas al conflicto. En consecuencia, el magistrado confirmó la orden de desalojo en los términos que fuera dispuesta.