El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Río Negro aprobó un protocolo que, según se indicó, refuerza la obligación de aplicar la perspectiva de géneros en cualquier situación “que involucre los derechos de mujeres, diversidades o disidencias”. Lo hizo para “garantizar la igualdad y el acceso a la justicia”, además de “evitar análisis” que puedan resultar “sesgados en base a prejuicios o estereotipos de género”.
No obstante, desde la propia Justicia se aseguró que los testimonios de las supuestas víctimas son, por lo general, “la única prueba directa del hecho de discriminación o de violencia”. Es por eso que “en toda actuación judicial se debe garantizar la especial valoración de su testimonio”.
Se explicó, además, que la norma se estructura sobre lo que considera una certeza: “El género constituye una categoría de vulnerabilidad”, por lo que “se acentúa el deber de quienes trabajamos en el Poder Judicial de actuar con la debida diligencia reforzada”.
Nada dice, por ejemplo, de las falsas denuncias a partir de las cuales jueces y juezas del fuero de Familia cortan los vínculos entre padres e hijos con la consecuente vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esas falsas denuncias son mayoritariamente impulsadas por mujeres.
El protocolo asigna a la dirección de Derechos Humanos y Género acciones de prevención y capacitación, para que todas las personas que integran el Poder Judicial “puedan erradicar las prácticas que constituyan discriminación en razón del género”. Con el mismo fin, le asigna la articulación institucional con los Colegios de Abogadas y Abogados de la provincia.