Representantes de las diferentes Asambleas que componen Curru Leufu se presentaron ante la Fiscalía de San Antonio Oeste y denunciaron penalmente a la secretaria de Ambiente de Río Negro, Dina Migani, por incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el artículo 248 del Código Penal.
Explicaron que “conforme a la RESOL-2023-1007-E-GDERNE-SAYCC#SGG, emitida por la secretaría de Ambiente y publicada en el Boletín Oficial el 24 de Julio, Migani tenía la responsabilidad de organizar y garantizar el normal funcionamiento de la Audiencia Pública que se realizaría en Sierra Grande el 17 de agosto para tratar el estudio de impacto ambiental correspondiente al tramo II Estación Allen –Terminal de Carga Punta Colorada – Tramo III Terminal de Carga Punta Colorada e Instalaciones Asociadas- del proyecto Oleoducto Vaca Muerta sur de la empresa YPF S.A”.
Señalaron que “según la resolución y a su función como autoridad convocante, le correspondía garantizar la seguridad y el libre acceso de la población a la Audiencia Pública. Sin embargo, tal como denunciamos públicamente, a muchas de las personas formalmente inscriptas se le impidió el ingreso al recinto. Como agravante, destacamos que la funcionaria estaba al tanto de que afuera de la audiencia tanto la UOCRA como una patota municipal estaban atacando a quienes legítimamente nos acercamos a manifestarnos. De los registros de la supuesta Audiencia Pública que desarrolló en ese contexto de violencia y exclusión, es posible evidenciar lo que estamos denunciando que las únicas voces participantes se expresaron a favor del proyecto, y ninguna se refiere al Estudio de Impacto Ambiental para el que la Secretaría de Ambiente convocó tal instancia”.
“La secretaria de Ambiente incumplió las normativas que estipulan que todo ciudadano debe tener la posibilidad de expresar libremente sus argumentos en la audiencia pública. Ante todas estas arbitrariedades e incumplimientos, las Asambleas del Curru Leufu sostenemos que esta audiencia no tiene validez, que no es reconocible y que debe ser anulada”, concluyeron.
Mejor Informado consultó con el área de Prensa de la secretaria de Ambiente, Dina Migani. Explicaron que se acreditó a todo el público interesado en asistir a la audiencia y para eso se habilitaron dos mesas de acceso. Una de ellas destinada al público en general que asistió en calidad de oyente y otra para los vecinos/as previamente inscriptos como participantes. El ingreso al polideportivo fue de forma libre e irrestricta hasta agotar la capacidad máxima de 416 personas permitida por el salón. Además, se realizó un registro de todas las personas que ingresaron al lugar.