El conflictivo presente que amenaza a los maestros de la provincia de Neuquén y que mantiene en alerta al gremio que los representa (ATEN), ilustra bien a las claras sobre los peligrosos perjuicios que se generan a partir de los desaciertos y debilidades de los que administran o deberían administrar justicia.
Las causas que se abrieron a partir de denuncias sobre presuntos casos de abusos en establecimientos educativos, mayoritariamente del Nivel Inicial, obligan a replantearse una serie de situaciones para evitar que, como sucede hoy en día, se le asigne el mismo valor a una denuncia falsa que a aquellas que exponen un hecho real. Es muy grave, ya que ante semejante desidia lo mismo da un delincuente que aquel que no lo es.
Fiscales y jueces no requieren ni exigen mayores pruebas para incriminar a una persona. A muchos les alcanza con la denuncia y no se preocupan en indagar si ésta es efectuada con intenciones desleales o maliciosas, cosa que lamentablemente ocurre a menudo. Avanzan, sancionan, exponen. Y si luego no pueden probar la culpabilidad o, peor aún, se demuestra la inocencia, no importa; lo mismo da. Sólo que la condena social de la que es objeto el falsamente acusado es tan fuerte e impiadosa que esa persona termina literalmente destruida, a punto tal que una de las consecuencias puede ser el suicidio.
Los escraches, la mal llamada justicia por mano propia y hasta incluso incendios de propiedades son una penosa realidad de estos tiempos. Como también lo son las malas intenciones de ciertos denunciantes y la liviandad con la que jueces y fiscales se posicionan frente a esas causas en las que, llegado el caso y comprobada la inocencia, la absolución no constituye el fin de la pesadilla. Por el contrario, esta se prolonga no sólo en la pérdida de vínculos familiares y de amistades, sino también en la expulsión lisa y llana del trabajo. La ruina de esas personas es una consecuencia que tiene sin cuidado a ciertos funcionarios públicos.
Discernir entre las denuncias reales y aquellas que no lo son constituye una necesidad del ahora. Una urgencia cuyo abordaje no se puede postergar. Los legisladores no deberían sostener su indiferencia frente a este y otros hechos que hacen a esta angustiante realidad. Y los conductores del poder Ejecutivo, muy especialmente los de áreas relacionadas a la mujer, la niñez y la seguridad no deberían desentenderse de sus obligaciones, ni permanecer ajenos a las situaciones que padecen aquellos ciudadanos a los que otros consideran culpables, sin ningún tipo de pruebas.
Sucede en Neuquén. Pero tiene su correlato en otras latitudes del país. Sin ir más lejos, la diputada de la Legislatura porteña, Lucía Montenegro presentó este año un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y “terminar con el abuso de la prisión preventiva”, para “evitar que inocentes sean encarcelados sin pruebas concretas”. En otras palabras, “para que la libertad dependa de las pruebas y no de la acusación”.
Hoy con un relato de falso abuso sexual y una pericia psicológica alcanza, para procesar e incluso encarcelar a una persona a la que -si es inocente- le arruinarán la vida. Y, para colmo de males, muchos de los que realizan esas pericias son vulnerables o propensos a los mandatos y presiones de las ideologías extremas, por lo que no tienen la imprescindible imparcialidad que requiere la búsqueda la justicia.
La parcialidad, los prejuicios y la negligencia de esos funcionarios coloca en la misma posición a un delincuente que a un inocente y es precisamente eso lo que se debe cambiar. Los funcionarios (de los tres poderes) saben que aquí, en Neuquén, se tergiversaron herramientas que en su momento resultaron indispensables para enfrentar flagelos como los abusos y la violencia, pero que hoy son usadas con perversas intenciones. Así y todo no se advierte un interés, ni siquiera una inquietud por revisar la liviandad con la que los jueces de primera instancia se apoyan en falsas denuncias para sostener una causa.
Hay, además, una paradoja que no debería pasarse por alto. Los propios dirigentes de ATEN han levantado las banderas del feminismo, sin discernir entre las causas justas y las posiciones irracionales; y es precisamente ese fanatismo irracional el que termina influyendo sobre las decisiones de funcionarios judiciales que, evidentemente, no tienen la entereza ni la imparcialidad que indispensablemente deben tener quienes deciden sobre la vida misma de las personas.
Esas posiciones extremas son las que ahora mantienen en jaque al gremio que, este martes, irá al paro para denunciar públicamente la persecución y los escraches. Y son las que se observan con plena nitidez en las obstrucciones de vínculos. También acá alcanza con un falso relato para que un juez de Familia decida que un hijo no puede ver a su padre y le da impunidad plena a la obstrucción. Son casos individuales que no tienen la repercusión de las denuncias por presuntos abusos en establecimientos escolares, pero que se cuentan de a miles.
Aquí pasa lo mismo. Las normas que se implementaron para evitar casos de violencia son mal utilizadas por quienes se despojan de cualquier cualidad moral o ética y realizan falsas denuncias, con la certeza de que no sufrirán consecuencia alguna. Por el contrario, los padecimientos son para padres e hijos, a los que se les escapan los días, los meses, los años y la vida misma sin poder concretar el ansiado reencuentro.
No hay dudas de que se llegó a un límite y que es indispensable estudiar detenidamente esta situación, porque si los mandatos (internos y externos) del feminismo extremo perduran como elemento de presión sobre las decisiones de jueces, continuarán las injusticias y, en el caso particular de Neuquén, se prolongará el deterioro de la imagen misma del sistema educativo, con todo lo que eso implica.
Hoy les toca a los docentes, muchos de los cuales han avalado las posiciones del feminismo extremo, y eso demuestra que no hay sector de la sociedad que permanezca a salvo de las falsas denuncias y sus nefastas consecuencias. A cualquiera le puede pasar, de eso no quedan dudas.