La reestructuración de Desarrollo Social supone, para el gobernador electo, Rolando Figueroa, un desafío que va mucho más allá de la ley de ministerios y lo coloca frente a la posibilidad de un cambio de paradigma, en cuanto a la asignación y pago de planes y asistencias sobre las que poco se conoce y mucho se dice.
Las acusaciones que históricamente se han lanzado desde sectores de la oposición sobre supuestos clientelismos y presuntas corruptelas, encontraron penoso sustento en una causa judicial en la que se investigan manejos irregulares y que tiene tres demorados, a un paso (se dice) de la prisión preventiva.
Las maniobras que se les endilgan tanto a esos como a otros involucrados, se habrían perpetrado con tarjetas bancarias cuyos fondos no terminaron en manos de ciudadanos social y económicamente vulnerables, sino en otras. La cifra de la supuesta estafa es de unos 120 millones de pesos pero se podría ampliar ya que la presente causa involucra solo 6 meses de esa operatoria ilegal.
El caso saltó a la luz poco antes de las elecciones del 16 abril y siguió su curso con procedimientos y plazos, incluidas las detenciones y los allanamientos del jueves último. Mientras tanto, el ministerio le dio continuidad a su rutina, con cambio de ministro -es cierto- pero sin brindar demasiadas explicaciones. Continuaron los pagos de subsidios en medio de la crisis de la economía nacional y las dificultades para llegar a fin de mes.
Alcanzará con decir que sólo en mayo último, ese ministerio dispuso, entre otras, de las siguientes partidas: 116.252.077,48 pesos (para los programas “Protección integral a la adolescencia y juventud”, “Protección integral a la familia y a los derechos de las personas con discapacidad” y “Protección integral a la persona mayor”); 235.755.000 pesos para el programa “Subsidio social transitorio” y 120.636.000 pesos para el “Subsidio provincial para la desocupación laboral”.
También mientras tanto, surgieron malas nuevas que no hicieron más que horadar la imagen, ya devaluada, del ministerio en cuestión. Se supo que el conocido jefe de una banda narco capitalina que purga prisión domiciliaria fue recategorizado y supuestamente ascendido. También se conoció el caso de una directora provincial que al parecer no podía cumplir con esa responsabilidad (bien remunerada), porque al mismo tiempo era docente en la unidad académica que la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) posee en la ciudad rionegrina de Roca.
Ello sumado a las recategorizaciones supuestamente no tan rigurosas, las quejas de quienes habían quedado afuera de ese beneficio y las consecuentes protestas (con cortes de calles y todo) no hicieron otra cosa más que arrojar leña al fuego.
¿Desarrollo Social tocó fondo? Parecería que lo hizo y que, desde el cambio de autoridades, el ministro Germán Chapino busca mejorar y calmar las aguas turbulentas. No obstante, se necesitan cambios profundos y estructurales para dejar atrás una serie de vicios que no son bien vistos por el común de la población, generalmente propensa a cuestionar los planes. Pero el problema principal no lo constituyen los destinatarios. Quizás tampoco la falta de contraprestaciones por parte de estos, sino las intermediaciones a la hora de la distribución y la utilización política de los recursos del Estado, sea en beneficio de las estructuras político partidarias propias o para acallar voces disidentes. Las protestas en reclamos de más recursos para comedores y planes, constituyen una postal repetida en las puertas de Roca y Rioja y otros puntos de la ciudad.
En fin, Figueroa está ante la posibilidad de generar un cambio de paradigma y sería muy saludable que se haga realidad. El respaldo de la población ya lo tiene y deslizó algunos anticipos al respecto. Lo mismo aplica para la superpoblación de contratados.
Figuera está convencido de que a Desarrollo Social hay que separarlo, evaluar detenidamente las funciones de cada uno de los cinco mil agentes que tiene, reordenar y asignar tareas. También entiende que el ministerio ha sido muy bastardeado y que es necesario establecer si, dentro de la planta política, hubo o hay funcionarios que no iban no que van a trabajar; es decir, qué dimensión real alcanza la población de aquellos y aquellas a los que en la jerga se los conoce como ñoquis. Hasta teme que algunos de ellos hayan sido premiados (si corresponde la expresión) con el pase a planta permanente.
Figueroa tiene una gran ventaja para encarar los cambios que sean necesarios. Es que al haber ido a la contienda electoral por fuera de la estructura de gobierno - partidaria del MPN, está libre de ataduras y sólo tiene que rendirle cuentas a la población, especialmente a quienes le confiaron el voto.