Distintos indicadores de la realidad se empeñan en demostrar que la provincia de Neuquén avanza en la construcción de un blindaje, destinado a resguardarse de las incertidumbres que genera este escenario nacional, de presente lapidario y de futuro incierto.
La aprobación en la Legislatura, del proyecto para adquirir dólares y atesorarlos rumbo a los vencimientos de deuda de 2024, es un ejemplo de ello. Pero no el único. La iniciativa fue enviada por el gobernador saliente Omar Gutiérrez, quien la argumentó como una oportunidad para adquirir divisas “baratas” en medio del inestable contexto cambiario; y se sabe, contó con el respaldo de quien lo sucederá en el cargo, Rolando Figueroa. Es cierto que hubo diputados que lo criticaron, pero el endeudamiento -por 150 millones de dólares- fue aprobado, debido a que se lo consideró una herramienta indispensable para la próxima gestión.
Otro ejemplo, lo constituye el anuncio -también de Gutiérrez- que presentará el proyecto de Presupuesto 2024 “a más tardar el 15 de octubre”, para que Rolo Figueroa y su equipo tomen conocimiento lo más rápido posible del contenido y puedan realizar las adecuaciones que consideren necesarias.
Estas y otras acciones, como la reunión que Figueroa y el intendente, Mariano Gaido, mantuvieron con potenciales inversionistas en EEUU, se suceden en paralelo a una transición que, este lunes (según se anunció) volverá a reunir a Gutiérrez y a Figueroa, ya con informes en las manos. Se esperan cuentas prolijas y se sabe que, en materia de gastos, hay mucho por corregir.
En el actual contexto de economía inflacionaria, lo que mayor inquietud genera en esta provincia potencialmente rica, es la masa salarial del Estado que crece de manera exponencial. El sistema de actualización salarial por el índice de precios al consumidor (IPC) fue pensado y concebido cuando el ritmo de actualización no era el actual; y ahora, con las cifras de agosto (12,4% a nivel país y 10,6% en la provincia), tanto los salarios de los trabajadores como los de los funcionarios de planta política, volverán a subir para estirar la brecha que los separa de los haberes de muchos de los que se desempeñan en el ámbito privado. Este sistema (y el alivio en las retenciones del Impuesto a las Ganancias) hizo, además, que se estiraran las diferencias salariales entre agentes y directores provinciales, por citar sólo uno de los cargos jerárquicos.
Figueroa ya anticipó que no va a cambiar la metodología de actualización salarial. Pero advirtió que en su gestión no habrá ñoquis y que va a controlar que todos cumplan sus obligaciones. El ahorro vendrá, en partes, por ese lado. No se sabe cuántos son, pero se asegura que varios miles y, en verdad, no hay dudas de que es así. El análisis de planillas y la revisión de cada organismo dejará expuestos a quienes cobraron (y cobran) sin trabajar.
Lo ideal sería que ese dinero que se dilapida a expensas de los vicios de la vieja política se destine a gastos no corrientes y en apoyo a los que están por fuera de la estructura estatal, que también son Neuquinos, es decir a una distribución más equitativa de los recursos provinciales.
El crecimiento de la masa salarial del Estado y la espera del incremento de los recursos que generará Vaca Muerta, son componentes de un presente complicado y de un futuro prometedor, rumbo al cual se necesitan acciones destinadas a enmendar desviaciones y a garantizar la gobernabilidad, esto es lo que podría interpretarse como un blindaje interno. Una de esas acciones, fue el proyecto del Ejecutivo para utilizar parte de los recursos del fondo anticíclico en la solución del déficit de la caja jubilatoria del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y el pago de los servicios de deuda. La medida fue aprobada por la Legislatura que, ahora, afrontará el tratamiento de un proyecto -ya presentado- para garantizar los recursos de los tres poderes del Estado.
En la semana que termina, Gutiérrez; el vicegobernador Marcos Koopmann y Vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), presentaron un proyecto de ley destinado a crear un Fondo de estabilización de presupuestos de los tres poderes del Estado (FEPN). De aprobarse, cosa que se sabe muy probable, sus recursos devendrán del 3% de la coparticipación federal de impuestos y se utilizarán para “mitigar las variaciones de los presupuestos, asegurar la estabilidad financiera y la continuidad de los servicios públicos esenciales”. Esto garantizará, por ejemplo, la autonomía presupuestaria que requiere el Poder Judicial, uno de cuyos pilares básicos es la independencia de los otros poderes.
La falta de calidad en los servicios que brinda el Estado es, precisamente, uno los problemas a corregir y que reconocen su razón de ser en la mala distribución de los recursos. A lo largo de años, quizá décadas, el Estado ha ido creciendo en forma desproporcionada y hasta se han superpuesto funciones, sin que se resolvieran ni siquiera en partes problemas y urgencias -ya crónicas- que se prolongaron y se prolongan en el tiempo. Sucede en áreas muy sensibles, entre ellas las concebidas para garantizar los derechos de los niños y el bienestar de las familias. La superposición de tareas no sólo implica entorpecimiento burocrático, sino también gastos innecesarios. Pero hay ministerios que se dedican, en parte, a lo mismo.
No sólo el Ejecutivo tiene cuestiones a corregir, sino también el Legislativo (la vicegobernadora electa, Gloria Ruiz, se dijo sorprendida por la cantidad de vehículos de los que disponen los diputados) y el Judicial, cuyo nivel de erogaciones llamó la atención de quienes asumirán en diciembre próximo.
Ordenar estos y otros asuntos será una de las tareas prioritarias, mientras se avance hacia una distribución más equitativa de los recursos del Estado, tal como lo ha propuesto el propio Figueroa, quien en función de sus estrategias también ha ido sumando fortalezas y espalda política, así como quedó demostrado en las elecciones que se sucedieron tras las provinciales de abril.
En fin, no sólo el petróleo y el gas de Vaca Muerta, sino también el momento histórico ofrecen la oportunidad de comenzar a transitar por nuevos caminos en materia de gasto público y de reinversión de la renta del Estado. El asunto está encaminado
y lo que viene deberá ser necesariamente una administración más eficiente, estratégica y equilibrada.