La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Constitución Política en la que le quitan facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil. Con la reforma constitucional, aprobada por el Parlamento, donde el oficialismo de Daniel Ortega tiene mayoría absoluta, "se desvincula a los Registros Públicos de la administración de justicia a cargo del Poder Judicial", informó el Legislativo nicaragüense en una declaración.
Según los legisladores oficialistas, los Registros Públicos pasarán bajo la administración de la Procuraduría General de la República "con el fin de agilizar y optimizar los servicios brindados por los mismos en materia de propiedad, mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles".
La reforma constitucional y la nueva ley fueron aprobadas en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra "intervenida" por la Policía Nacional. Según el diario La Prensa, la Policía Nacional ha detenido a "decenas de empleados del Poder Judicial, incluyendo su presidenta Alba Luz Ramos, quien fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales" y estaría bajo investigación.
Ortega inauguró su quinto mandato en 2021, en medio de una fuerte represión de toda expresión opositora, mantenida hasta hoy. La amplia mayoría de sus adversarios políticos quedó impedida de participar de la política. Asimismo, mantiene una cada vez más tensa relación con la Iglesia Católica. Ortega cree que la Iglesia es parte de un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Dicho país, junto a la Unión Europea y otros países, denunciaron una violenta represión contra opositores.