Después de un año de trabajo, el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas concluyó que Daniel Ortega y Rosario Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad en el país centroamericano.
El presidente y la vicepresidenta nicaragüenses, junto a siete agencias estatales perpetraron estos crímenes en 2018, cuando las protestas sociales fueron reprimidas con balas de alto calibre. Las conclusiones del informe se ven agravadas por el despojo de la nacionalidad de 317 personas realizado por el régimen a opositores políticos, periodistas e intelectuales críticos en las últimas semanas.
El GHREN, por sus siglas en inglés, presentó su informe en Ginebra y habilitó la activación del derecho penal. A diferencia de la investigación realizada previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este nuevo informe no sólo prueba la comisión de los crímenes, sino que también identifica a los responsables de las más de 344 muertes ocasionadas entre abril y septiembre de 2018.
El reporte de las Naciones Unidas también atribuye parte de la responsabilidad a los mandos superiores y jefes de la Policía y del Sistema Penitenciario de Nicaragua en la medida en que, aunque debían tener conocimiento sobre los crímenes y violaciones cometidos por sus subordinados, no activaron las medidas preventivas ni sanciones para las cuales están facultados.
A pesar de que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma como para llevar a los responsables a la Corte Penal Internacional, el GHREN ha instado a la comunidad internacional a iniciar procesos penales desde la jurisdicción de cada país.
En esta misma línea, recomendaron ampliar las sanciones a las instituciones y los individuos involucrados. A nivel de los organismos multilaterales, la recomendación de los expertos se centra en priorizar las acciones orientadas a mejorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el marco de las negociaciones de proyectos de cooperación.