La política de seguridad de Nayib Bukele sigue generando reacciones. Allegados de personas desaparecidas solicitaron que se declare como ilegal a la reserva de la información sobre fosas y cementerios clandestinos en El Salvador. El pedido fue apoyado por la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU). Ambos presentaron la solicitud ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de acuerdo con un comunicado.
"Consideramos que la reserva vulnera el principio de legalidad, en el sentido que se limita el derecho a la información y respuesta", apuntaron. Agregaron que "las familias de personas desaparecidas tienen derecho a recibir un trato justo, digno y humano de parte de las autoridades del Estado, así como a tener información oportuna, directa, seria y veraz, libre de estereotipos y estigmas".
Los solicitantes aseguraron que la Fiscalía General de la República (FGR) respondió que esta información "ha sido indebidamente declarada como reserva". El Estado, a través de esta Fiscalía, puso bajo secreto, la información estadística relacionada con las fosas y cementerios clandestinos diseminados en el país. Según la FGR, dar esta información a publicidad pone en riesgo las investigaciones.
Por otra parte, miembros de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una OSC, apuntaron contra Bukele por el régimen de excepción impuesto en el país. Su directora, Ingrid Escobar, estima que son más de 75.000 las niñas, niños y adolescentes afectados por el régimen de excepción, una medida vigente desde 2022 para combatir a las pandillas, y que están en "abandono por el Estado".
"Lamentablemente, los inocentes detenidos -que no son menos de 20.000- no son las únicas víctimas de la irresponsabilidad de la ejecución del régimen de excepción", dado que el SJH "ha identificado que hay más de 75.000 niñas, niños y adolescentes en abandono del Estado", afirmó Escobar en una conferencia de prensa.