Miles de manifestantes salieron a las calles de Estambul tras la detención del alcalde de la ciudad, Ekrem Imamoglu. El opositor es considerado un rival clave del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Varias rutas sufrieron cortes, se restringieron algunas plataformas de redes sociales y las autoridades prohibieron además las manifestaciones durante cuatro días en un intento de frustrar las protestas. Pero, a pesar de la prohibición, muchos manifestantes se congregaron frente a la sede de la Policía de Estambul, el Ayuntamiento y el edificio del Partido Republicano Popular (CHP) de Imamoglu.
La Policía antidisturbios bloqueó las rutas que conducen al Departamento de Seguridad de Vatan, adonde fue trasladado el alcalde tras su detención. Imamoglu es un popular líder de la oposición y el principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan. Un total de 100 personas, entre ellas el alcalde y otras personalidades, fueron detenidas.
Imamoglu y sus ayudantes fueron detenidos en el marco de una investigación judicial por presunta corrupción, incluyendo extorsión y fraude, y por supuesta "colaboración con grupos terroristas", en referencia al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo ilegalizado clasificado como organización terrorista por Ankara, Washington y otros aliados turcos.
La detención de Imamoglu se produce en medio de una ofensiva más amplia contra figuras de la oposición, que los críticos con Ankara ven como una persecución con motivaciones políticas, en un intento de silenciar la disidencia. Un día antes, la Universidad de Estambul revocó la licenciatura del alcalde, un requisito para presentarse a las elecciones según la legislación turca.
En una conferencia de prensa, el líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), Ozgur Ozel, se sumó a las críticas afirmando que Erdogan, que el año pasado sufrió importantes derrotas en las elecciones locales, tenía como objetivo a Imamoglu porque temía perder ante él en las urnas. Ozel también acusó a las autoridades de "intento de golpe de Estado", al tiempo que declaró: "Pueden hacer cualquier mal. Estamos preparados para cualquier mal que puedan hacer. Porque está claro que no se trata de una lucha política, sino de la existencia o no existencia del país", añadió.
El ministro turco de Justicia, Yilmaz Tunc, rebatió las acusaciones y recordó que los tribunales actúan con independencia. "Caracterizar las investigaciones llevadas a cabo por un poder judicial imparcial e independiente como algo parecido a un golpe de Estado, o utilizar términos similares, es extremadamente peligroso e incorrecto", declaró Tunc.