El fiscal federal de San Francisco, Córdoba, Luis María Viaut, fue destituido de su cargo por un Tribunal de Enjuiciamiento, por considerar que violó el “deber de observar buena conducta”. Fue encontrado penalmente responsable de cobrar sobornos para frenar investigaciones y ejercer su influencia para intervenir en causas de la justicia ordinaria, junto a un empleado de la dependencia a su cargo y otras tres personas.
Viaut fue fiscal de Zapala y en 1994 intervino en la causa del encubrimiento por la desaparición y asesinato del soldado Omar Carrasco, donde fue severamente cuestionado, sospechado de haber manipulado pruebas aportadas por Inteligencia Militar para desviar la investigación.
Los fundamentos de la resolución del tribunal serán dados a conocer el próximo 25 de abril. La decisión fue adoptada por el cuerpo, que está presidido por el representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Francisco Javier Panero.
La resolución del jury fue comunicada luego de la deliberación del tribunal en la sala de acuerdos del primer piso de la sede de la Procuración General de la Nación, de avenida de Mayo 760, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más temprano, el tribunal de enjuiciamiento había escuchado los alegatos de las parte acusadora, integrada por el fiscal general Mario Villar y la fiscal general Ana Helena Díaz Cano, y de la defensa de Viaut, ejercida por el defensor oficial Claudio Martín Armando.
En función de lo requerido por la parte acusadora en su alegato, el tribunal además dispuso la extracción de copias de lo actuado para que se inicie una nueva investigación por la posible comisión de delitos de acción pública.
Finalmente, resolvió comunicar el veredicto a la Procuración General de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y a la Cámara Federal de Casación, de conformidad a lo solicitado por la acusación, dado que en este último tribunal jurisdiccional tramita el recurso contra la condena impuesta a Viaut el año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba a cinco años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y al pago de una multa de 6 millones de pesos por los delitos de tráfico de influencias y exacciones ilegales agravadas.
En efecto, el tribunal oral encontró al entonces titular de la Fiscalía Federal de San Francisco penalmente responsable de cobrar sobornos para frenar investigaciones y ejercer su influencia para intervenir en causas de la justicia ordinaria junto a un empleado de la dependencia a su cargo y otras tres personas.
El caso Carrasco