La comunidad de conservacionistas y defensores de la fauna en Formosa está de luto tras el trágico hallazgo del cuerpo de uno de los últimos yaguaretés de la región, cazado y despojado de su pelaje en un campo de la zona norte de Estanislao del Campo. El ejemplar, un macho de gran tamaño, fue asesinado y cuereado por al menos cuatro cazadores ilegales. La Justicia detuvo a uno de los sospechosos y continúa la búsqueda de los otros implicados.
Las autoridades tomaron conocimiento del hecho el sábado por la tarde, tras una denuncia del Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa, que incluía fotografías y testimonios. La fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, María de los Ángeles Granato, ordenó un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para realizar una autopsia.
El caso, caratulado como “Daño, concordante con Infracción a la Ley Provincial N° 1673/18”, es investigado por la jueza Gabriela Soledad Plazas. Una comisión especial integrada por la Unidad Especial de Policía Ecológica, la Unidad Especial Asuntos Rurales (UEAR), personal de la comisaría de Ibarreta y la Delegación Unidad Regional Cinco, llevó a cabo las primeras investigaciones.
Las primeras fotos del yaguareté muerto fueron cruciales para identificar a los responsables. Uno de los sospechosos, un hombre de 60 años, fue detenido tras allanamientos en Paraje Las Antolas y Colonia La Inmaculada. En su domicilio se encontraron carabinas, sogas, monturas con manchas de sangre y prendas de vestir. Además, se descubrió el campo donde ocurrió el sacrificio, donde se recolectaron muestras óseas, pelos y otros elementos relevantes.
La organización Parques Nacionales Argentina repudió la matanza del yaguareté, recordando que la especie fue declarada Monumento Natural en 2001 y está protegida por la Ley Nacional 22.421. El yaguareté, el felino más grande de América, es una especie en peligro crítico de extinción.
Las penas por este tipo de delitos van de dos a cinco años de inhabilitación especial, aumentando a cuatro meses a tres años de prisión e inhabilitación especial por diez años cuando la cacería se realiza de forma organizada o con el concurso de tres o más personas o con armas prohibidas.