Ante las graves deficiencias edilicias, de instalaciones eléctricas y ausencia de elementos de seguridad para extinguir incendios, y la sobrepoblación penal, una jueza de Ejecución Penal ordenó que por los próximos seis meses no ingresen más detenidos a la Unidad 11 del Parque Industrial. Además, instó a acelerar un convenio para la utilización de cuatro pabellones de la cárcel federal de Senillosa.
Desde el Ministerio Público de la Defensa se informó que la jueza de ejecución Raquel Gass, hizo lugar al planteo de la Defensa Pública y ordenó que por seis meses no aumente el número de internos en la U11.
"Espero que a partir de junio de 2023 estemos en una nivel de ocupación de 233 internos, que es el número máximo que nos informan las autoridades penitenciarias". Además ordenó, que en dentro de un plazo de treinta días, se elabore un relevamiento de estado de situación actual, y se instalen (tanto en la u11 como en la u12) elementos para extinguir incendios". Consideró además que si se logra materializar el convenio para la utilización de cuatro pabellones de la cárcel de Senillosa "estaríamos solucionando el problema en un 80 por ciento aproximadamente".
Fue a partir de una acción de habeas corpus correctivo y colectivo presentado por el Equipo Operativo de Ejecución del Ministerio Público de la Defensa, encabezado por la Defensora Luciana Petraglia, ante la situación de sobrepoblación y condiciones precarias de alojamiento que presenta la Unidad 11.
La información consignó que en la audiencia realizada este martes, declararon la Secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez, el Director de unidades de detención, Ricardo Caro, y el funcionario del Servicio de Gestión Penal del MPD, Fabián Porter, quien realizó un pormenorizado informe de las condiciones de alojamiento en los pabellones 7 y 9.
El relevamiento realizado el 11 de octubre revela falencias de infraestructura de agua, gas, albañilería y de medidas de seguridad y sistemas de prevención de incendios. "Se observaron colchones en el piso, instalaciones eléctricas precarias, con cables por fuera de la pared y "aislaciones" hechas con cinta scotch; esto sumado a la presencia de humedad en paredes y pisos, y la inexistencia de mangueras en los nichos hidrantes y de matafuegos para extinguir incendios", puntualizó Porter.
Por su parte Caro informó que actualmente la U11 posee 265 internos alojados, y que el cupo máximo es de 233 personas. El responsable de Unidades de detención reconoció que hay personas alojadas en las "salas íntimas" (espacios destinados a los encuentros de los internos con sus parejas), y que no pueden compartir espacios educativos y de esparcimiento. Además señaló que "la modificación del Código procesal aumentó la cantidad de condenas y de prisiones preventivas".
A su turno la Secretaria de Seguridad informó que desde mayo se está llevando adelante un trabajo de planificación en materia penitenciaria, y que en octubre comenzaron obras de reacondicionamiento del pabellón 4. Además agregó que a mediados de este año se abrieron los sobres de la licitación para la construcción del pabellón de máxima seguridad de la U11, el cual tiene un plazo de ejecución de dos o tres años.
Por último dijo que "está a la firma" un convenio para poder alojar internos del sistema provincial en la cárcel de Senillosa: "serían tres pabellones para un total de 84 personas", especificó.
Al momento de formular su petición, la Defensora de ejecución Luciana Petraglia afirmó que en los relevamientos realizados se detectó que hay personas que duermen en el piso, en celdas muy pequeñas, que están muy por debajo de los índices de metros cuadrados establecidos por el Comité nacional contra la tortura.
Señaló además que en los últimos años hubo un crecimiento exponencial del número de personas alojadas en unidades de detención en nuestra provincia, "y la tendencia indica que ese número va en aumento", subrayó y puntualizó: "desde 2014, cuando entró en vigencia el nuevo código procesal aumentó un 86 por ciento la población carcelaria".
Enfatizó que "la decisión de ceder la cárcel de Senillosa al servicio penitenciario federal no estuvo acompañada de una planificación acorde", y por eso se llega ahora a pedir "este remedio procesal urgente, como es un habeas corpus correctivo y colectivo, solicitando el cierre de la U11 por seis meses".
La jueza, además de disponer el cierre del ingreso de nuevos detenidos, ordenó la realización de un plan de mejoramiento y refacción de los pabellones de la unidad (como máximo en 60 días), y un proyecto para la construcción de un taller destinado a educación.
Por último dispuso que, en 30 días, se acondicionen las 6 casas de pre-egreso -con problemas de infraestructura y servicios-, las cuales pueden alojar entre 4 personas cada una.