La inseguridad en Cutral-Có y Plaza Huincul ha alcanzado altas cotas durante lo que va del presente año, especialmente en los últimos tres meses, y todo parece indicar que, para los próximos 80 días restantes del 2023, la situación seguiría incrementándose.
El mapa del delito en las ciudades petroleras es alarmante. No existen ilícitos que no se hayan registrado en cada barriada de ambas localidades: atracos; asaltos con arma blanca y a mano armada; arrebatos; punguismo; estafas; riñas; persecuciones; enfrentamientos entre bandas con armas de fuego; abusos deshonestos; narcomenudeo; cuatrerismo; mecherismo; amenazas... y el así llamado secuestro virtual.
En efecto, esta modalidad delictiva «importada» de las grandes ciudades, tiene su clímax en la comarca petrolera. El modus operandi consiste en una llamada telefónica que alerta a una familia o pariente de alguien que no se encuentra en el ámbito hogareño, y se les hace creer que está siendo víctima de algún delito o infortunio, mientras se pide (o negocia) una suma de dinero en efectivo a modo de rescate o “ayuda”. La confusión y desesperación es tal, que la mayoría de las veces los malvivientes se salen con la suya.
Los enfrentamientos entre bandas son recurrentes no sólo a horas nocturnas sino a pleno día y en lugares más o menos céntricos, casi siempre catalogados mediáticamente como “ajustes de cuentas”. Los asaltos se cuentan por decenas, y sólo una tercera parte de ellos se denuncia.
Los abusos, sobre todo a menores de edad son más frecuentes de lo que parece, ya que en casi la totalidad de los casos que se conocen por ingreso a nosocomios o visitas médicas privadas, no trascienden ni se denuncian por temor a estigmatizar a la víctima, casi siempre un menor. Muchos casos son intrafamiliares.
La droga ilegal circula en niveles antes nunca vistos, especialmente en escuelas y boliches; lo que no es nada nuevo, si no fuera porque la edad de los consumidores es cada vez más baja. Las estafas y «el cuento del tío» a través del llamado ciberdelito y de las líneas telefónicas a jubilados y personas en situación de vulnerabilidad familiar son recurrentes, igual que los arrebatos precedidos de una maniobra parecida.
Los asaltos a mano armada se han incrementado, sobre todo en lugares de acceso a ciertos barrios o calles no muy transitadas a horas vespertinas, y a los vehículos de alquiler, sea en sus móviles o bases y casi siempre con lesionados. Los kioscos y almacenes, como así también tiendas de barrio no son sólo los blancos habituales de los actos delictivos, sino también los comercios ubicados en pleno centro.
Si bien se han registrado escasamente, los llamados «motochorros» ya han convertido ciertas zonas en lugares de riesgo para transitar en solitario, aunque las cámaras han ayudado a desalentar este tipo de modalidad en los últimos meses.
Una de las consecuencias de la inseguridad sin control es una cada vez mayor cantidad de personas armadas (la gran mayoría ilegalmente), para poder protegerse del incremento de la criminalidad en general; pero también el ingente número de armas en poder de los delincuentes es cada día mayor. Los usuarios favoritos de las armas de fuego son menores de edad, quienes frecuentemente se encuentran protegidos por la impunidad que les otorgan las leyes en vigor y que pone en aprietos a los uniformados.
La asunción del nuevo fiscal jefe, Gastón Liotard, ha puesto las miradas del público en general en anunciadas acciones coordinadas entre la Justicia y las fuerzas policiales. Sin embargo, el flamante titular de la II Circunscripción Judicial se enfrenta a unas estadísticas poco favorables en términos de prevención del delito, una acción escasamente puesta en práctica desde la fuerza policial debido a las consecuencias sumariales y posteriormente jurídicas que éstas suelen acarrear a los uniformados provinciales.
Otra de las realidades que vive la policía a nivel local se encuentra en la mira de Asuntos Internos, pues si bien no hay revelaciones oficiales a la prensa, sí se han constatado desde fuentes judiciales al menos cinco procesos penales a miembros de la institución por uso y tenencia de estupefacientes, lesiones y acoso a exparejas sentimentales.
Así, más de una docena de delitos diarios –sólo en Cutral-Có–, ponen de relieve la innegable crisis de inseguridad que puede constatarse no sólo por las cifras relevadas en las planillas policiales locales, sino por los escasos casos que se denuncian en contraste a los ventilados por la misma Dirección de Seguridad Interior y los que provienen de fuentes judiciales.
Así, vecinos, comerciantes y trabajadores de autos de alquiler, son los que más sufren en carne propia el flagelo de los asaltos, robos, hurtos y arrebatos, los cuales se cometen tanto en horas nocturnas como diurnas, muchos de ellos contra adolescentes.
La violencia de los casos expone tres características: el incremento de la participación de menores en los hechos acaecidos; el alto grado de violencia e impunidad de los malvivientes; y por último, la reacción de las víctimas, quienes a menudo no responden en la defensa de sus bienes y personas por temor al furibundo accionar en dichos hechos, lo que refleja impotencia ante un sistema que para la mayoría no brinda respuestas.
En tanto, la policía no da abasto con las tareas encomendadas a causa del escaso presupuesto real que casi nunca llega a destinos como infraestructura, formación, insumos, pertrechos, munición y equipamiento, así como al mantenimiento y recambio de móviles que se necesita.
En medio de esta escasez, existen señales inequívocas de una deficiente operatividad y coordinación, sobre todo a causa de una multiplicidad de causas, tanto estructurales, económicas como legales y técnicas.
En el ámbito de las jurisdicciones de Plaza Huincul y Cutral-Có tienen su asiento –entre otros organismos– el Comando Radioeléctrico y Grupo Especial de Operaciones Policiales (G.E.O.P), bajo la coordinación de la Dirección de Seguridad Interior (DSI).