Durante una audiencia realizada este miércoles en el caso de las estafas con planes sociales, la jueza Carina Álvarez homologó cinco de los ocho acuerdos que impulsó la unidad fiscal de Delitos Económicos para imponer las primeras condenas.
Por otra parte, la magistrada rechazó el procedimiento abreviado que presentaron el fiscal del caso Juan Narvaez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli respecto de otras tres personas acusadas, Valeria Honorio, Rodolfo López y Ariel Meza Lizama, por lo que en esos casos, el trámite continuará su curso hacia el juicio. En principio, la fiscalía no impugnará la resolución.
Además, la jueza rechazó un pedido de sobreseimiento de la defensa de A.O.K, otro de los imputados en la investigación, en cambio homologó los cinco restantes que recayeron en personas que tuvieron menor participación en las estafas, pero que además permitieron avanzar en la investigación con datos aportados a la causa. Ahora, esas personas se convertirán en testigos durante el juicio a quienes se los encuadra dentro de los mayores niveles de responsabilidad en la organización ilícita.
Las cinco condenas son por 3 años de prisión condicion al, reglas de conducta y trabajos comunitarios no remunerados, comprende a ex empleados del ministerio de Desarrollo Social y particulares que cumplieron niveles de baja responsabilidad en la maniobra. Los acuerdos fueron por el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso de tarjeta de crédito sin autorización del titular, 9.303 hechos en concurso real, en calidad de coautores.
Las personas condenadas este miércoles son Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea. Estas aceptaron haber integrado la asociación ilícita con tareas de menor relevancia, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados Néstor Pablo Sanz o Marcos Ariel Osuna, quienes lo rendían a Ricardo Soiza.
Sólo uno de estos imputados desplegó otro tipo de conducta, al haber cobrado el alquiler de autos por fuera de lo que indica la ley de administración financiera y mediante cheques que se nutrían del dinero destinado al subsidio por desempleo.
El martes, Ricardo Soiza consiguió llegar a la fecha del juicio por la estafa con planes sociales con prisión domiciliaria. Después de 14 meses en prisión preventiva en una comisaría de Vista Alegre, y tras la negativa a obtener la libertad al cumplir 70 años , el ex director general del Ministerio de Desarrollo Social logró modificar su medida cautelar.
Soiza estuvo en prisión preventiva desde julio de 2023, luego de las primeras formulaciones de cargos. Desde ese momento, la medida fue confirmada en distintas oportunidades, siempre a partir de la necesidad de resguardar el proceso y evitar que Soiza influyera en otros coimputados o testigos de los hechos que se investigan.
La investigación
La teoría del caso de la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito. Discrimina distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. A los jefes iniciales, la fiscalía sumó luego en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
La investigación se centró en el período que va desde el 30 de septiembre de 2020 al 31 de julio de 2022, y se delimitaron roles y niveles de responsabilidad, con los jefes en el primer nivel. En los niveles 2, 3, 4 y 5, se ubicó a colaboradores directos de los jefes, reclutadores de potenciales beneficiarios del plan, cobradores (mediante tarjetas y cheques) y a quienes obtuvieron beneficios.
Mensualmente se armaban listados de beneficiarios de un plan contra el desempleo creado en 2018 y por montos individuales de $49.500, que luego no eran cobrados por esos beneficiarios, sino que mediante la estructura de la asociación ilícita, llegaban al primer nivel de la pirámide.
Según se indicó en la audiencia, el monto histórico de las estafas por ese período de tiempo alcanzó los $153.777.900, lo que actualmente representaría un total de $935.185.943.