Un empleado municipal del área de Servicios Públicos de Las Grutas, con antecedentes penales por una condena de 11 años de prisión, enfrenta ahora un nuevo proceso penal que lo puede llevar otra vez a la cárcel. Será juzgado por falsificar un certificado médico para gozar de una licencia mucho más extensa de la que le correspondía, una maniobra que la Justicia considera una estafa contra la Administración Pública. Como si fuera poco, también está imputado por intentar robar en un supermercado local.
El caso va camino a juicio oral y público. Durante la mañana de este martes, en Viedma, se realizó la audiencia de control de acusación, en la que el Ministerio Público presentó la batería de pruebas que desplegará durante el debate, en busca de una condena ejemplar.
Según la acusación, el hombre que se desempeña en la Delegación Municipal de Las Grutas, presentó ante el área de Recursos Humanos un certificado médico en el que, con una maniobra burda pero efectiva, modificó la cantidad de días de reposo indicados por el médico. El documento original indicaba una licencia de salud por siete días. Sin embargo, con un simple trazo de tinta, el número “1” fue añadido delante del “7”, transformando mágicamente una semana de licencia en diecisiete días de ausencia justificada. Una mentira que, según la Fiscalía, significó una defraudación directa contra la administración pública.
Pero ese no fue su único desliz. Antes del episodio del certificado trucho, el 13 de septiembre de 2023, el imputado ya había protagonizado otro hecho delictivo. En un supermercado de San Antonio, intentó llevarse diversos productos sin pagar: alimentos y un perfume. No utilizó violencia ni forzó cerraduras. Simplemente intentó atravesar el punto de control como si nada, pero fue detenido por personal policial al activarse la alarma de seguridad.
Ambos episodios son considerados por la Fiscalía como delitos de "hurto en grado de tentativa y defraudación a la administración pública en concurso ideal con uso de documento adulterado". La acusación se sustenta en una sólida estructura probatoria: para el caso del intento de hurto, se escucharán los testimonios del gerente del supermercado, el guardia que detectó el accionar delictivo y el efectivo policial que lo detuvo. En relación al fraude administrativo, declararán la jefa de Recursos Humanos que descubrió la maniobra, el médico traumatólogo que firmó el certificado original, y un perito calígrafo de Criminalística que determinó la adulteración.
El Ministerio Público ya adelantó su pretensión será una condena de tres años de prisión. La defensa, en manos de un abogado particular, no presentó prueba alguna en su descargo. La jueza validó la acusación y resolvió que el debate se realizará ante un tribunal unipersonal, y que la fecha será fijada en los próximos días por la Oficina Judicial de Viedma.