El oficial Enzo Ramón García seguirá detenido con prisión preventiva. El policía de Río Negro está acusado de integrar una banda que asaltó brutalmente a una pareja de adultos mayores y uno de ellos terminó internado con un ACV. Pese a los intentos de la defensa por revertir la medida, la Justicia ratificó que deberá seguir detenido mientras avanza la investigación. Además, resolvió levantar la prohibición de divulgar su identidad e imagen.
No tuvieron el destino esperado las quejas para que el policía, alojado en la cárcel de Choele Choel, recupere la libertad, medida que había sido dispuesta por el juez Juan Puntel al comienzo del caso. Es que no sólo se mantuvo la prisión preventiva, sino que además, su nombre será público. Recibirá el mismo tratamiento que cualquier otro imputado en causas penales.
La audiencia fue intensa. El defensor Alfredo Cury apeló a todos los recursos posibles: denunció arbitrariedades, citó convenios internacionales y criticó que se lo mantenga preso "por ser policía". Incluso ironizó que, con presencia policial, ningún imputado se acercaría a las víctimas. Pero no logró convencer al tribunal.
Por su parte, la fiscalía, representada por el Santiago Márquez Gauna, fue tajante: García es parte de un proceso penal complejo, con testigos por proteger y elementos aún por esclarecer. Y su rol como funcionario público no lo exime, sino que agrava su situación: habría facilitado un uniforme y actuado como “campana” durante la violenta entradera ocurrida el 20 de marzo en la vivienda de calle Brentana casi Alem de Cipolletti.
Alberto Weretilneck desobedeció la orden judicial
Aunque el juez Puntel había ordenado mantener la identidad del policía bajo reserva, la medida fue desafiada públicamente por el gobernador Alberto Weretilneck. El mismo día de la formulación de cargos, publicó su nombre y foto en la red social X, con un mensaje contundente: "No voy a tolerar policías que traicionen el uniforme".
Esa publicación abrió una polémica sobre la validez de la reserva judicial. Por un lado la defensa del policía junto con su familia, y también la oposición que intentó caerle al gobernador. Sin embargo el juez Guillermo Merlo resolvió que no hay medidas pendientes que justifiquen el ocultamiento, y se debe garantizar la publicidad del proceso.
El magistrado ratificó los tiempos procesales: el Ministerio Público tiene cuatro meses para avanzar en la investigación, sin embargo la prisión preventiva es por un año. La fiscalía aún busca a los otros dos implicados, en la entradera, también el segundo vehículo que usaron para escapar y elementos clave que todavía no fueron hallados. Aunque para los investigadores son muchos más los integrantes de la banda mixta, integrada por delincuentes y policías.