Las familias que la semana pasada fueron desalojadas de la toma de calle Obrero Argentino, del barrio Confluencia, se fueron con las manos vacías de una reunión en Casa de Gobierno y evaluarán qué medidas adoptarán. No estuvo presente Vanina Merlo, la funcionaria que los había convocado, y desde la subsecretaría de Derechos Humanos se les ofreció darles 6 mil pesos por mes para que afronten un alquiler.
Unas 130 familias habían tomado, el 4 de septiembre, un amplio terreno en el barrio Confluencia lindante con la división especial de Policía UESPO. La semana pasada esa toma y otra ubicada en calle Boerr fueron desalojadas violentamente durante un procedimiento simultáneo para el que la policía desplegó unos 500 efectivos.
Para este martes, la ministra de Ciudadanía había citado a referentes de los asentamientos para una reunión en Avenida del Trabajador 650. Pero faltó a la cita y eso generó un fuerte malestar.
Nataly, una de las participantes de la frustrada reunión, confirmó que “no quedaron en nada para ninguna de las dos tomas; la gente que nos atendió no nos dio ninguna solución concreta. Además, pedimos que nos saquen a la Policía porque el barrio está militarizado. Confluencia está sitiado no solo por los disparos –que se suceden en horario nocturno- sino porque nos piden documentos cuando caminamos por la calle”. Agregó que “ya han avisado los vecinos que se van a seguir plantando”, en referencia a que podrían volver a ocupar el predio.
Los vecinos estuvieron acompañados por el concejal Marcelo Zúñiga y la abogada Micaela Gomiz.
Zúñiga puso a consideración distintas alternativas para resolver la urbanización apelando a la voluntad política del Estado provincial y municipal, constituyendo una mesa de trabajo y ordenanza de integración socio-urbano. Dijo que “donde hay necesidades habitacionales, tiene que estar presente el derecho de los vecinos. La política no debe negar el conflicto, sino encauzarlo. Hay una gran oportunidad para iniciar una nueva etapa y revertir 20 años de ausencia del Estado en materia de viviendas y hábitat”.
Uno de los desalojados, de nombre Claudio, dijo a la prensa tras la frustrada reunión que "lo único que nos ofrecieron fue 6.000 pesos para pagar un alquiler, que no alcanza para nada. Nosotros necesitamos una respuesta y Merlo no apareció".
También informó que los vecinos se trasladarán al terreno municipal que ocupaban hasta la semana pasada y analizarán en asamblea qué medidas adoptarán.