Desde la Unión de Inquilinos de Río Negro realizaron una muestra de 489 casos para conocer como es la situación actual y como los afectó el contexto de pandemia a quienes debe rentar una vivienda para vivir.
"Debemos desendeudar a los inquilinos y congelar los precios de los alquileres por lo menos un año, sino en enero, cuando se termine del Decreto 320 (ahora 766), vamos a tener una marea de desalojos por alquileres adeudados, y una catarata de juicios contra garantes e inquilinos que el Estado no va a poder absorber”, señaló Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos.
Indicó “que es un problema grave que va a enfrentar todo el país, pero sobre todo toda la Patagonia, que no va a tener actividad turística, que es el motor de las economías. Los niveles de endeudamiento varían según el sector productivo, o trabajadores en relación de dependencia, pero en todos casos hay deudas, o las habrá por el indiscriminado aumento de los alquileres que intentan llevar adelante las inmobiliarias a falta de controles del Estado".
La muestra refleja que el 77,4% de los inquilinos destinan entre el 30 y el 80% de su ingreso al pago del alquiler. El 40.3% no puede pagar el mes de octubre completo
Diaz señalo que "hay policías, médicos, docentes, empleados y comerciantes que se están endeudando. Es una olla a presión que sin la presencia del Estado va a estallar"
"Como promedio, el 77,4% de los inquilinos destinan entre el 30% y el 80% de su ingreso sólo para pagar el alquiler. Esto, por supuesto choca con la presión que hacen las inmobiliarias o propietarios para aumentar precios en una economía profundamente deprimida”, agregó
La muestra reflejó que el 40,3% no puede pagar el alquiler completo del mes de octubre, lo que genera deudas hacia el futuro y se acumula con meses anteriores.
El 27,6% debe entre un mes y seis meses de alquiler en lo que va de la Pandemia.
El 40,9% gana menos dinero que los meses anteriores.
Hubo un 7% de desalojos, y un 24,9% de hostigamiento y amenazas.
Casi el 45% de los inquilinos señaló haber sufrido abusos por parte del mercado inmobiliario como: la no devolución de depósitos, les cobraron comisión inmobiliaria pese a que está prohibido, los obligaron a pintar la vivienda, o fueron discriminados por tener niños. Sólo un 11% señaló que no tuvo inconvenientes.
En tanto el 66,7% de los inquilinos no recibió ningún tipo de ayuda del Estado.