La jueza Laura González Vitale aceptó la formulación de cargos contra el peronista Pedro Dantas, actual diputado Nacional del Frente de Todos y ex intendente de Campo Grande. Como a otros siete intendentes de la misma fuerza política, se lo acusa de malversación de los fondos destinados por el gobierno nacional para el plan Techo Digno.
Los fiscales Graciela Etchegaray y Matías Stiep acusaron al actual diputado Nacional (asumió en reemplazo del roquense Martín Soria que asumió como Ministros de Justicia) por defraudación a la administración pública en el manejo de los fondos destinados a la construcción de 40 casas en Campo Grande en 2015. También quedó imputado el titular de la empresa urbana, Luis Saiz, como participe necesario.
De acuerdo con el detalle realizado por el Ministerio Público, el municipio recibió entre abril de 2015 y mayo de 2016 unos 20 millones de pesos para la construcción de las viviendas, lo que significó el total del convenio firmado. Sin embargo, el IPPV debió terminar la obra que tenían un avance del 48,39%.
Como en los casos de los otros ex intendentes peronistas imputados, los fiscales hicieron referencia a que los fondos fueron enviados por Nación “mediante certificaciones de avance y final de obra falsas, que eran presupuesto necesario para destrabar los desembolsos de dinero por parte de la subsecretaria de Desarrollo Humano”.
Tanto en esta acusación, como en los otros casos, los abogados defensores de los acusado hicieron referencia a que las firmas de las certificaciones no se realizaron en la región sino que lo hizo alguien en Buenos Aires, por eso se solicitó como medida de prueba pericias caligráficas que aún no se desarrollaron.
Además de Dantas, hay otros 7 ex intendentes acusados por maniobras similares en sus municipios: María Eugenia Martini (Bariloche), Luis Ivancich (Godoy), Daniel Belloso (Choele Choel) y Carlos Pilotti (Río Colorado); en tanto que el jueves lo hicieron a Javier Iud (San Antonio), Alejandra Más (Conesa) y Gilberto Montanaro (Cervantes), todos por defraudación a la administración pública.