Este viernes se realizó una nueva jornada del juicio VIII La Escuelita, en la que se conocieron nuevos testimonios que dan cuenta del accionar del exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Víctor Marcelo Ortiz durante la última dictadura cívico militar. Ambos eran responsables del juzgado federal de Neuquén en esa época, y ejercieron una “actuación concreta” tanto en la demora de los recursos de habeas corpus como en el tratamiento de las denuncias de las familias de los desaparecidos.
Durante la mañana hizo su declaración Inés Ragni, madre de Oscar, desaparecido el 23 de diciembre de 1976 del hogar de su familia del barrio Progreso. La integrante de Madres de Plaza de Mayo de 95 años de edad hizo un pedido que estremeció a toda la audiencia: "No me quiero ir de este mundo sin saber qué fue lo que hicieron con mi hijo", afirmó. Ragni declaró que su hijo de 21 años había llegado a Neuquén desde La Plata, ciudad en la que estudiaba arquitectura, para pasar las fiestas de fin de año antes de ser secuestrado y desaparecido.
Una de las declaraciones que dio una perspectiva interna del funcionamiento de este atroz accionar fue la hija de Beatriz Cozzi de Cerazo, otrora jueza subrogante en el juzgado federal de la ciudad de Neuquén hasta que fue destituida en julio del ‘76, cuando la reemplazaron por Pedro Duarte.
María Beatriz Cerazo describió el mecanismo con el que destituyeron a su madre, quien había comenzado a investigar la sede de la Policía Federal por la desaparición de detenidos, antes de que se pusiera en funcionamiento La Escuelita, en Lanín y Chaco de nuestra ciudad. La hija de Beatriz Cozzi de Cerazo también describió la “disposición específica” de Duarte y Ortiz para ejercer como palanca judicial en el plan sistemático de desaparición de personas.
Otro de los testimonios que trascendieron en la jornada fue el de Marcos Seminario, hermano del desaparecido Javier Seminario Ramos. Allí, detalló la “inacción” de Duarte y Ortiz ante las denuncias por habeas corpus de los desaparecidos, entre otras trabas burocráticas y diversas omisiones que dispusieron a fin de anular todo tipo de acceso de los familiares a una respuesta del Estado sobre los desaparecidos. Ambos fueron acusados por actuar como “facilitadores de delitos de lesa humanidad”.
Mirá la entrevista de 24/7 a la abogada querellante Natalia Hormazábal: