Lejos de calmarse, el conflicto docente en Río Negro suma cada día un nuevo punto de discusión. Este jueves y mañana viernes se cumple una nueva medida de fuerza resuelta en el Congreso del lunes, realizado en Roca. Pero este miércoles, el gremio que nuclea a todos los maestros, UnTER presentó el descargo formal ante Trabajo en contra el “Dictamen Acusatorio por el presunto incumplimiento de la Conciliación Obligatoria”.
En la presentación se solicitó que el ministro de Trabajo, Jorge Stopiello, se aparte de la resolución del sumario por su falta de objetividad e imparcialidad, porque no garantiza el procedimiento independiente que la normativa establece. Es que, según la ley, una medida de fuerza se debe anunciar con 48 horas de anticipación y UnTER definió en su congreso del 20 de marzo un plan de lucha que incluyó un paro de 48 horas el 22 y 23 de marzo; de 72 horas los días 28, 29 y 30 y otro de 72 horas los días 3,4 y 5 de abril. Argumentó que “dichas medidas tuvieron la vigencia inmediata acordada desde las 00 horas del 21 de marzo. Sin perjuicio de los cual se cumplió a la brevedad con la notificación a esa Autoridad de Aplicación, en clara demostración de este gremio de salvaguardar en la medida de las circunstancias las formas y legalidad del derecho a huelga.
En el escrito se explicó que “Trabajo ha adoptado una serie de decisiones que ha profundizado y puesto en evidencia la marcada parcialidad mantenida en el proceso paritario, en favor de la patronal”. Y agregó que “una de esas medidas fue decretar en forma ‘exprés’ (tanto que cobró estado público varias horas antes al momento en que la decisión de comunicó formalmente) de la conciliación obligatoria y luego criminalizar y perseguir el ejercicio del derecho a huelga”.
El extenso escrito presentado por UnTER también señaló que “la voluntad del ministerio de Trabajo se encuentra viciada desde el acto formal que da inicio al presente sumario. Carece de objetividad, ha demostrado parcialidad. El ministro Stopiello “realizó declaraciones públicas, anticipando como un hecho consumado que esta entidad será objeto de sanciones. Agravando el cuadro, también la gobernadora Arabela Carreras realizó declaraciones públicas en idéntico sentido”. “¿Cómo es posible que la titular del Ejecutivo ya conozca y haga pública la pretendida sanción a esta parte antes que se haya iniciado el trámite administrativo?, se preguntó UnTER. Y concluyó que “estas declaraciones anticipando su voluntad futura de aplicar severas multas implican la violación del debido proceso y derecho de defensa”.