El asesinato del periodista Juan Caliani, ocurrido el 1 de abril pasado, tras ser atacado por dos delincuentes, de 16 y 17 años, en un intento de robo en la casa de sus padres en el barrio La Sirena, continúa generando reacciones en la sociedad neuquina. Ahora, los estudiantes de la Escuela de Enfermería expresaron su rechazo a que uno de los asesinos del periodista neuquino ingrese a estudiar en el cuarto año de la secundaria que funciona en el edificio ubicado en la calle Sarmiento y Don Bosco de la ciudad de Neuquén.
"No queremos un asesino en nuestras aulas", afirmaron los estudiantes que la semana pasada tomaron el edificio donde funciona la Escuela de Enfermería. La preocupación de que uno de los asesinos del periodista continúe sus estudios secundarios provocó un fuerte rechazo que llegó hasta la oficina de la supervisora del Consejo Provincial de Educación (CPE).
Valentina, una de las estudiantes de quinto año del bachillerato, señaló que el reclamo “lo hacemos en nombre de los más de 500 estudiantes, profesores y auxiliares de servicio”. En diálogo con el programa Así Estamos por Mitre Patagonia, la estudiante explicó que el temor entre los estudiantes y profesores es “por lo peligroso que puede ser esta persona” ya que “no sabemos cómo va a interactuar en la sociedad”.
A pesar que en las últimas horas el CPE informó que el adolescente de 16 años que mató al periodista no ingresará a la escuela durante el presente ciclo lectivo, no descartan que esta situación se revierta en 2025. Es decir, la resolución, por ahora, será hasta fin de este año. En tanto, la decisión de las autoridades es que el menor asista a clases de modo virtual.
Durante la polémica, las autoridades escolares defendieron el derecho del menor a estudiar en el marco de la Ley 2303 que protege el acceso a la educación. En tanto, los padres de los estudiantes sentían que las autoridades no protegían a sus hijos.
Entre otras razones, los estudiantes, quienes coincidieron en el derecho a estudiar por parte del joven, que reconoció ser autor del crimen, objetaron su presencia porque en cercanías al edificio ubicado en la calle Sarmiento, en el Parque Central, hay un jardín de infantes, el CPEM 23 y una escuela primaria.
Por el homicidio, los dos adolescentes asumieron su responsabilidad en mayo y ahora se encuentran cumpliendo una serie de restricciones bajo el programa Libertad Asistida hasta que se determine la pena una vez que cumplan la mayoría de edad. Luego se realizará el juicio de cesura donde se les impondrá la cantidad de años que deberán cumplir de prisión efectiva. El programa está supervisado por un equipo de profesionales, conformado por psicólogos, asistente social y operador.
Los estudiantes precisaron que antes de cometer el asesinato, el adolescente había amenazado al director y a dos profesores del CPEM 18 donde estudiaba. Incluso señalaron que uno de los profesores amenazados trabaja en la actualidad en la Escuela de Enfermería.
Valentina fue tajante respecto a la posibilidad de reinserción del adolescente en la sociedad quien recibe asistencia psicológica. “Para nosotros no es recuperable. Él no va a cambiar, va a ser lo que siempre fue”, afirmó. Contó que las autoridades “hablan por el lado pedagógico, nos dijeron que ellos merecen tener otra oportunidad, que apostemos por un cambio, que él podría venir e integrarse”.
Este hecho pone en el centro del debate la reinserción social de los jóvenes involucrados en hechos delictivos y su derecho a la educación.