La Justicia rionegrina pateó para febrero la revisión de las medidas cautelares que pesan sobre los farmacéuticos que estafaron al IPROSS en 4.700 millones de pesos. De esta manera, los condenados zafaron una vez más de ir presos y se aseguraron que al menos hasta febrero, cuando finalice la feria judicial, podrán disfrutar del verano en sus lujosas casas con piletas en diferentes barrios privados.
A pesar de que Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano fueron condenados por múltiples fraudes, los jueces decidieron postergar el tratamiento de las medidas cautelares que limitan su libertad hasta después de la feria judicial, es decir, hasta febrero.
De esta manera, los condenados, quienes fueron sentenciados a penas de entre seis y nueve años de prisión, mantendrán las medidas cautelares impuestas al menos por un mes más, sin ir presos por la mega estafa.
Los detalles de la trama delictiva, que abarca desde falsificación de recetas hasta cobros ilegales a la obra social, sacudieron al sistema de salud provincial. Fasano, exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, fue quien encabezó el grupo de estafadores, con una condena de 9 años y 6 meses de prisión, luego de ser encontrada culpable de 574 fraudes.
Por su parte, Caffaratti, otro farmacéutico involucrado, recibió una pena de 8 años y 6 meses por su participación en 249 estafas. Mastandrea, quien también fue uno de los actores clave en la defraudación, fue condenado a 8 años por 122 fraudes cometidos, mientras que Mascaró, el menos involucrado en términos de cantidad de delitos, recibió 6 años y 6 meses por su participación en 107 estafas.
Las penas privativas de libertad impuestas a los condenados son severas, sin embargo, la sentencia también incluye una inhabilitación para ejercer la profesión de farmacéutico durante seis años, una medida que busca evitar que los responsables vuelvan a tener acceso a su campo de trabajo y puedan seguir perjudicando a los afiliados del IPROSS.
Las medidas que deben cumplir los farmacéuticos
El mes pasado, el mismo Tribunal de Juicio que los condenó, rechazo el pedido de prisión preventiva realizado por la fiscalía a cargo de Gastón Britos Rubiolo, junto con la querella a cargo de Federico Rosbaco, en representación de la Fiscalía de Estado. Fue fundamentado en el riesgo de fuga, teniendo en cuenta el importante poder adquisitivo que tiene y la posibilidad mas cercana de que la sentencia quede firme y deban comenzar a cumplir con las penas en la cárcel.
Sin embargo, decidieron no hacer lugar al pedido de prisión preventiva. Aunque sí endureció las medidas cautelares: todos deberán presentarse dos veces al día en comisarías para demostrar que siguen a derecho y tienen tobilleras electrónicas para su monitoreo.
Está vez los que tomaron la decisión de que mantengan los privilegios y continúen lejos de las barrotes de las celdas fueron los jueces Miguel Cardella, Adrián Zimmermann y Rita Cuastet Llambí.