Después de resultar favorecidos con un proceso sumamente extenso y que después de la condena ninguno fue preso, ahora los fiscales que llevaron adelante la querella por la estafa al IPROSS en más de 4.700 millones de pesos, pidieeron prisión preventiva para los cuatro farmacéuticos que trucharon recetas para cobrar por medicamentos que nunca vendieron. Desde que se concocieron las sentencias, el 4 de julio, permanecen en libertad con medidas cautelares y tobilleras electrónicas.
Los fiscales Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos solicitaron por primera vez en el largo proceso, que los condenados pasen sus días tras las rejas. Fundamentaron el pedido en el riesgo procesal de que se fuguen, teniendo en cuenta la firmeza de la sentencia y que tienen los medios económicos como para escapar.
Los condenados y las penas
Los farmacéuticos involucrados en este caso son Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Sandra Fasano. Cada uno de ellos fue condenado por múltiples fraudes perpetrados contra el IPROSS, sistema de salud que brinda cobertura a los trabajadores y jubilados rionegrinos.
- Sandra Fasano, exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, recibió la pena más severa: 9 años y 6 meses de prisión por 574 estafas, por lo que se considera la principal responsable de la trama.
- Fabio Caffaratti, también farmacéutico, fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión, tras demostrarse su participación en 249 estafas.
- Rodolfo Mastandrea deberá cumplir 8 años de prisión por su participación en 122 defraudaciones.
- Raúl Mascaró, el menos involucrado en términos numéricos, fue sentenciado a 6 años y 6 meses de cárcel por 107 estafas.
Además de las penas privativas de libertad, los cuatro condenados fueron inhabilitados para ejercer la profesión de farmacéutico durante seis años.
El pedido de prisión preventiva
El endurecimiento de las medidas cautelares es ahora uno de los ejes de la causa. Los fiscales argumentaron que el riesgo de fuga es alto, ya que los condenados aún pueden apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, señalaron que la condena ratificada por el Tribunal de Impugnación, ya cumple con el requisito de "doble conforme", lo que justificaría la solicitud de prisión preventiva.
Por su parte, los abogados defensores de los farmacéuticos, Carlos Vila (quien representa a Caffaratti) y Patricia Espeche (que defiende al resto de los acusados), argumentaron que sus clientes no representan un riesgo de fuga, y pidieron que se mantuvieran las medidas cautelares ya impuestas, que incluyen el uso de tobilleras electrónicas y la prohibición de salir de las localidades de residencia.
El tribunal, compuesto por los jueces Laura Pérez, Oscar Gatti y Luciano Garrido, escuchó las argumentaciones tanto de los fiscales como de los defensores. La decisión final sobre la solicitud de los fiscales se anunciará el próximo miércoles a las 9:30, por lo que el caso sigue abierto y podría tener nuevas repercusiones en los próximos días.
Un fraude de dimensiones históricas
La estafa al IPROSS fue un hecho sin precedentes en la historia de la obra social, cuya magnitud afectó directamente los recursos destinados a la salud de los trabajadores y jubilados rionegrinos. Los farmacéuticos, quienes actuaron de manera organizada y sistemática, crearon facturaciones falsas y alteraron registros de medicamentos y tratamientos para cobrar montos exorbitantes a la obra social. La magnitud del fraude, estimada en 4.700 millones de pesos, dejó al descubierto la vulnerabilidad del sistema de control del IPROSS, y obligó a las autoridades a tomar medidas urgentes para evitar que episodios similares ocurran en el futuro.
Este caso no solo pone en evidencia la corrupción interna que pudo haberse tejido dentro de la obra social, sino también la falta de controles adecuados en el sistema de salud público provincial, lo que subraya la necesidad de una reforma urgente en los procedimientos de auditoría y supervisión de las prácticas farmacéuticas.