Dos de los acusados de integrar la asociación ilícita que se dedicaba a lucrar con la gestión y el cobro de asignaciones sociales deberán ir a juicio porque les rechazaron la opción de acordar penas, algo que se les había habilitado a algunos de los partícipes.
Cabe recordar que esos acuerdos fueron cinco. Beneficiaron a aquellos integrantes de la causa que reconocieron que desempeñaron el rol de extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar esa recaudación a los imputados a los que les atribuyen mayor responsabilidad.
Ahora un juez de garantías desestimó la solicitud del fiscal Juan Manuel Narváez y de la asistente letrada Agustina Jara, por considerar que los montos de las penas asignados a las personas por las que pretendían acordar no eran significativos. Es más, que eran bastante bajos en relación al delito cometido.
Sobre todo teniendo en cuenta que el primero de los acusados cometió fraude por un total de $12,7 millones y el segundo por $4,9 millones.
Cadena de responsabilidades
Con respecto a la causa, lo que logró determinar el Ministerio Público Fiscal es que en la estafa hubo distintos niveles de responsabilidad. De hecho en el rol de “jefes” están ubicados Ricardo Soiza (que ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo), Néstor Pablo Sanz (que era exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social) y Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.
A los jefes iniciales, la fiscalía sumó al exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
Ricardo Soiza, Néstor Sanz y Marcos Osuna son los principales acusados de la causa.
En los niveles más bajos se ubicaron a los colaboradores directos, reclutadores de potenciales beneficiarios de planes y cobradores (mediante tarjetas y cheques).
Según se informó el juicio podría darse en marzo o abril.