La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el gobernante partido Frente Sandinista, disolvió a la Cruz Roja Nicaragüense. La acusa de haber atentado “contra la paz y la estabilidad” y supuestamente romper la neutralidad en las protestas de 2018. La nueva Cruz Roja del país será ahora un “ente autónomo descentralizado”, adscrito al Ministerio de Salud.
La ira del gobierno izquierdista de Ortega contra la Cruz Roja se debe a que sus voluntarios atendieron a manifestantes opositores heridos en las protestas. La decisión de clausurarla se suma a la proscripción de más de 2.000 organizaciones en Nicaragua, incluyendo gremios empresariales y universidades católicas, como indicó la Deutsche Welle.
Cabe recordar que las protestas de 2018 dejaron, según la ONU, más de 300 muertos y se extendieron por al menos tres meses en diferentes zonas del país. El gobierno las consideró un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Mientras que organismos internacionales acusaron al ejecutivo de usarlas para impulsar una represión contra la oposición.
En este contexto, el oficialismo nicaragüense acusó a la Cruz Roja de actuar en contra de sus principios y estatutos y de transgredir las leyes del país. Ahora, todo el patrimonio, bienes y acciones que pertenecían a la Asociación Nacional de la Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado y serán administrados por la nueva organización.
La Cruz Roja, fundada en 1863, tiene una larga historia de ayuda humanitaria en conflictos armados y catástrofes naturales. La decisión de disolver su capítulo nicaragüense, originario de 1931, fue recibida con preocupación por parte de la comunidad internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja.