El Gobierno Nacional auditará sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Se estima que se eliminarán entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. Se debe a la detección de irregularidades en la concesión de las pensiones.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) inició la auditoría de unos 400.000 beneficiarios. Comenzó a hacerse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego será en la provincia de Buenos Aires y otras regiones del país.
Se estima que, entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder el beneficio. Esto representa el 30% y el 40% de los beneficiarios que cobran el 70% del valor de la jubilación mínima en Argentina. En una revisión inicial, de 2.559 casos solo el 7% cumplía los requisitos legales. Entre las irregularidades detectadas se vio la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en múltiples expedientes, y casos en los que se concedieron pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral.
A quiénes afectará y qué criterios se tendrán en cuenta
Este tipo de pensión es para quienes, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos.
Los principales afectados incluyen a aquellos beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos (como vehículos, propiedades, o incluso aviones y embarcaciones) o quienes cuentan con un empleo formal. También se encuentran bajo revisión aquellos casos en los que la documentación presentada para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta.
Además, no deben recibir otros ingresos del Estado, contar con ingresos insuficientes, ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años de antigüedad y no estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario.