Pasaron 11 días de la muerte del oficial Gabriel Mandagaray durante una supervivencia del COER en Bahía Creek. Casi en simultáneo con la presentación de los padres del joven, el Comisario General Antonio Mandagaray (Jefe Regional Viedma) y la Comisaria Mayor Adriana Fabi (Jefa Regional Los Menucos), como querellantes, se conoció que el informe preliminar de autopsia indica que el joven de 25 años murió por asfixia y no por un problema de salud.
Los testimonios recogidos, pese al intento de establecer un pacto de silencio por parte de la cúpula policial rionegrina, indicaron que el oficial ahogado en el mar y dos compañeros (el oficial Enmanuel Quiriban y el oficial Fabiánn Erice, ex jugador de Deportivo Roca), fueron obligados a meterse al agua tras caminar unos 40 kilómetros en las dunas de Bahía Creek, con uniforme, borcegos y cargando en sus hombros un pesado tronco. Todo indica que por el agotamiento físico y el frío fue imposible que Mandagaray pudiera regresar a la costa y murió ahogado. Los otros dos oficiales fueron rescatados con signos de hipotermia.
El informe preliminar de autopsia complica a los instructores y a quienes autorizaron la realización del curso de capacitación del grupo especial COER en Bahía Creek. Es que la doctora Araceli Panetta le entregó al fiscal Guillermo Ortiz, que encabeza la investigación del caso, un informe en el que deja en claro que la muerte de Mandagaray se produjo por asfixia por inmersión. Y de esta manera descarta que haya sido por un problema de salud.
Esto agrava la situación de los instructores, quienes habrían bailado a Mandagaray, Erice y Quiribán y los obligaron a meterse al mar, vestidos, con pesados borcegos y llevando en sus hombros un tronco, que les imposibilitaba la utilización de los brazos para poder nadar o mantenerse a flote.
El Jefe de COER de Viedma Alejandro Gattoni, coordinador general de la capacitación; su par de Cipolletti, Alfredo Nahuelcheo y los sargentos Maximiliano Vitali de COER de Viedma y Marcelo Contreras de Bariloche, fueron separados de la fuerza varios días después y sería imputados en los próximos días por el fiscal.
Desde la Policía, al ver que los detalles del caso trascendieron sin poder frenarlos, también descabezaron el área de capacitación de la fuerza, que estaba a cargo del Comisario General Carlos Víctor Grasso y el Comisario Inspector Oscar Alberto Szymansky. Ellos también están en la mira del fiscal, ya que autorizaron la capacitación y pusieron su firma sin objetar que no estaba contemplada la presencia de una ambulancia en la pequeña villa desértica ubicada a unos 100 kilómetros al sur de Viedma. tampoco había guardavidas o una patrulla de Prefectura que resguarde la integridad de los policías cada vez que tenían que someterse a prácticas dentro del mar.
Menos aún estaba especificado en el organigrama de la capacitación que los oficiales aspirantes a ingresar al grupo de elite de la rionegrina debieran meterse con uniforme y borceguies al agua sin tener tiempo de descansar tras una agotadora caminata de 40 kilómetros en las dunas.
Aunque no se definió su situación procesal, el fiscal encabezó allanamientos para secuestrar pruebas en los domicilios particulares de los instructores señalados como responsables del curso y de haber dado la orden para que Mandagaray y dos de sus compañeros se metan al mar para realizar prácticas extremas que rozan la tortura.
La causa tomó impulso en los últimos días ante la presentación realizada por los padres de Mandagaray, dos importantes jefes de la fuerza, que nombraron a los abogados Damián Torres y Pedro Casariego quienes tienen la orden de sus representado de ir en búsqueda de todos los responsables de la muerte de su hijo, sin importar la relación que tenían con ellos, ya que eran camaradas e integrantes de la cúpula policial a la que ellos pertenecían hasta el jueves 15 de abril, cuando el oficial murió durante la instrucción del COER.