El 1 de agosto, una ladera del cerro de la Virgen en Chos Malal, provincia de Neuquén, sufrió un derrumbe que afectó la Ruta Provincial 43. Como resultado del incidente, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas, dos niñas y dos adultos, entre los cuales se encontraba una mujer embarazada. Este trágico episodio desencadenó una serie de preguntas y preocupaciones sobre las circunstancias que llevaron a este suceso y las responsabilidades que podrían estar en juego. En medio de este escenario, se ha suscitado un conflicto legal en torno a la accesibilidad de los abogados a la causa judicial que busca arrojar luz sobre este incidente.
En una reveladora entrevista en radio Mitre FM 90.5 y CN 24/7, Javier Valenzuela, el abogado de la familia Echeverría afectada por el derrumbe, expuso la compleja situación que enfrentan en busca de acceso a la causa judicial
El abogado, declaró que el señor Daniel Echeverría, una de las víctimas, solicitó constituirse como parte en el proceso el día 9 de octubre y se presentó con el patrocinio letrado de la doctora Rossi, del estudio jurídico Rossi & Asociados. Sin embargo, la fiscal del caso, la doctora Natalia Rivera, se encuentra recusada y bajo investigación por abuso de autoridad y otros cargos. La recusación ha impedido que los abogados tengan acceso al expediente, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia en la investigación.
La familia reside en el Paraje Charrar Ruca, a más de 60 km de Chos Malal, lo que hace aún más difícil el acceso a la fiscalía para buscar el expediente: "Pretender que la propia víctima se acerque a la fiscalía a buscar un expediente resulta seriamente revictimizador, porque justamente ellos se acercaron al estudio jurídico a buscar el patrocinio letrado para defender sus intereses", afirmó Valenzuela.
El abogado comentó que la recusación y la falta de acceso al expediente generaron inquietudes sobre si el Estado está protegiéndose a sí mismo en esta causa judicial. Así mismo, añadió que buscan entender las responsabilidades de los diversos actores involucrados, incluyendo el estado neuquino, Vialidad Provincial y la empresa que intervino en la zona del derrumbe.
Por último, Valenzuela afirmó que solicitaron al Tribunal Superior de Justicia investigar esta situación, considerando que viola derechos fundamentales y principios del debido proceso.