El Ministerio Público Fiscal de Neuquén acusó a un hombre que fue imputado por dos hechos, uno de ellos, el robo de una camioneta que era propiedad de la Legislatura. En una audiencia, el individuo aceptó su responsabilidad, pidió disculpas y se comprometió a reparar el daño causado.
Según informaron, en una audiencia realizada el miércoles 16 en la Ciudad Judicial, el acusado, un ex trabajador de la Legislatura, reconoció su participación en el robo de una camioneta y se comprometió a cumplir las reglas de conducta ordenadas.
El hombre fue acusado por dos hechos. Uno de ellos, ocurrió el 27 de mayo a las 16:30, en el ingresó al edificio ubicado en calle Olascoaga. Comunicaron que el hombre tomó las llaves de una camioneta propiedad de la Casa de las Leyes, donde lo conocían porque había trabajado allí. Al salir del lugar entregó las llaves a otra persona, que hasta el momento no fue individualizada y que se marchó a bordo del vehículo. La fiscalía calificó lo ocurrido como hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, en carácter de partícipe necesario.
El otro hecho ocurrió el 28 de agosto, a las 11:30, en calle Illia 958. Manifestaron que una persona se bajó de una camioneta para dirigirse a un comercio. En ese momento, dos hombres que se movilizaban en un auto conducido por el ex empleado, se bajaron y tomaron dos bolsas con dinero que había dentro de la camioneta. Este hecho fue calificado como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en carácter de coautor.
Por el robo del dinero de la camioneta, el ex empleado deberá pagar un resarcimiento económico, mientras que por robo del vehículo deberá realizar trabajos no remunerados durante un año y medio.
En la investigación intervino la fiscal del caso Mariana Córdoba y la asistente letrada Lorena Juárez. “Se trata de delitos que tienen un mínimo de 3 años de prisión y el imputado no tenía antecedentes penales ni investigaciones en trámite”, explicó Juárez respecto de las condiciones para suspender el proceso a prueba, y aclaró que por esos motivos, “una eventual condena podría no haber sido de prisión efectiva”.
También informó al juez de garantías Juan Guaita que las víctimas estuvieron de acuerdo cuando el imputado ofreció reparar el daño. Precisaron que el particular que sufrió el robo recibirá pagos mensuales hasta totalizar $1.400.000; mientras que para resarcir a la Legislatura, el acusado cumplirá 96 horas de trabajos comunitarios en una institución de bien público.
Otra de las medidas cautelares que dispuso la justicia fue que deberá fijar un domicilio y no mudarlo sin previamente dar aviso, no podrá cometer delitos ni consumir bebidas ni estupefacientes en la vía pública, además de que estará sometido al control de la Dirección de Población Judicializada.
Tras escuchar a las partes, el magistrado dispuso la suspensión del proceso a prueba durante un año y medio. Si incumple alguna de las condiciones, el proceso se retomará y será juzgado en juicio.