La Justicia de Neuquén continúa con la investigación por la estafa que se produjo en la administración de planes sociales del ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Esta vez informaron que por pedido de la fiscalía, Ricardo Soiza, uno de los imputados como jefes de la asociación ilícita continuará detenido.
Según informaron, la defensa había solicitado la prisión domiciliaria de Soiza ya que alcanzará los 70 años la próxima semana, por lo que pidió la aplicación del artículo 115, inciso tercero, del Código Procesal Penal, pero la medida fue rechazada por la jueza de garantías.
Frente al pedido de la defensa, el fiscal del caso de la unidad fiscal de Delitos Económicos, Juan Narvaez; y el fiscal jefe Pablo Vignaroli, consideraron necesario sostener la prisión preventiva de cara a la realización del juicio. Por esa razón pidieron a la magistrada analizar el caso concreto: la maniobra investigada, el rol crucial de Soiza en la misma y que “el riesgo de entorpecimiento continúa vigente y debe ser cautelado”.
La jueza de garantías Estefanía Sauli coincidió con la fiscalía y rechazó el pedido de la defensa. “Las normas están para ser analizadas e interpretadas. Y digo esto porque entiendo que el artículo 115 no aplica de manera automática en el caso en que se me solicita”, manifestó.
Ricardo Soiza está imputado en la investigación por estafas con planes sociales. En la causa hay más de 26 imputados, entre particulares y empleados de diversos ministerios.
Para evitar que las personas imputadas entorpezcan la investigación, la fiscalía informó que también continúa en prisión preventiva Marcos Daniel Osuna, quien al momento de los hechos era el responsable de Gestión de Programas del Ministerio de Desarrollo Social
Además, dentro del grupo de exfuncionarios imputados se incluye al ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, Néstor Pablo Sanz, quien cumple prisión domiciliaria.
Respecto de los acusados Abel Di Luca –exministro- y Tomás Siengentharler - excoordinador de Administración de Desarrollo Social- y en el resto de los imputados, las medidas cautelares que rigen tienen que ver con embargos y restricciones económicas.
El 25 de julio pasado, la investigación se prorrogó por dos meses y, según se anticipó durante la audiencia, el paso siguiente será la presentación del requerimiento de apertura a juicio.
Todas las personas están acusadas -como jefes o partícipes- por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito.