Después de retirarse con las manos vacías de una frustrada reunión con funcionarios del gobierno provincial, algunas de las 130 familias que fueron desalojadas por la Policía de la toma de calle Obrero Argentino decidieron volver a ocupar el predio municipal de una hectárea y media de superficie. Sortearon el cerco policial y denunciaron hostigamiento nocturno por parte de los uniformados.
El martes concurrieron a una reunión con la ministra de Ciudadanía, Vanina Merlo. la funcionaria “nos citó porque nos quería conocer, pero no fue” dijo Nadia, una de las ocupantes que habló con AM550.
La mujer señaló que les propusieron inscribirse en el Ruprovi (Registro Único Provincial de Vivienda), pero con la salvedad que “hay 30 mil inscriptos antes que ustedes”, les dijeron.
También les ofrecieron, sólo a 38 familias, un aporte mensual de 5 mil pesos para hacer frente a un alquiler, algo que consideraron absolutamente "insuficiente".
Sin respuestas oficiales, alrededor de las cinco de la tarde “llegamos al predio de manera pacífica y lo encontramos cercado de manera precaria y con presencia policial”, destacó. “Les dijimos a los policías que no queríamos represión y que no nos iríamos hasta tener la respuesta de una autoridad competente”, agregó.
El ingreso no fue fácil. Hubo forcejeos con los uniformados que trataron de impedirles el ingreso y, por la noche, hubo una pedrada. “Durante la noche los policías nos tiraron piedras y nadie respondió a esas agresiones. Hubo personas heridas, pero los vecinos estuvimos tranquilos” indicó.
“Denunciamos ante la APDH que hubo abuso de poder cuando nos desalojaron violentamente y sin una orden judicial y no nos dejaron retirar nuestras pocas pertenencias” afirmó.
Por último, indicó que “este predio hace 40 años que está abandonado; estaba lleno de mugre y los vecinos lo limpiamos y ¿ahora la municipalidad está interesada? Queremos que se haga un loteo social porque no podemos esperar una solución definitiva a 30 o 40 años ni tampoco irnos a la Cuenca como nos ofrecieron”.