El senador nacional por el Frente de Todos, Oscar Parrilli, afirmó que el gobierno de Mauricio Macri utilizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como “un instrumento de poder interno dentro del gobierno”, para “espiar jueces, periodistas, empresarios y sindicalistas, propios y extraños”, y avaló la propuesta de la vicepresidenta Cristina Fernández de que la oficina de escuchas telefónicas vuelva la órbita de la Procuración General y no siga en la Corte Suprema de Justicia.
Parrilli fue director de la AFI durante el último año kirchnerista. En diálogo con AM550, destacó que “espiar no es fácil” porque “se necesita dinero, gente, infraestructura y tecnología”, entre otras cosas. “Durante el año en que estuvimos al frente de la AFI no tuvimos ninguna denuncia de espionaje sobre propios o extraños; pusimos la Inteligencia al servicio de lo que tiene que ser: la amenaza externas, la trata de personas, el narcotráfico, el terrorismo o los delitos económicos”, añadió.
Recordó que “establecimos una Inteligencia por programas para evitar que se haga inteligencia sobre cualquier tema, hicimos una depuración muy grande de los agentes que venían de la época de los militares y buscamos gente de las universidades, y, sobre todo, transparentamos los fondos reservados”.
“Y todo eso lo borró de un plumazo (Mauricio) Macri con un decreto el 24 de diciembre de 2015, cuando duplicó en dólares los fondos reservados, eliminó los no reservados y pasaron a tener manejo discrecional con (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani; despidió unas 400 personas, contrató a retirados de Policía y del Servicio de Inteligencia del Ejército y comenzó a montar todo esto que empezó con nosotros, las escuchas y seguimientos e interceptaciones de mails. Siguió con jueces, fiscales, empresarios y sindicalistas”, destacó el legislador.
“Otra de las cosa que hicimos fue sacar el área de escuchas telefónicas del organismo de Inteligencia y lo transferimos a la Procuración, porque se había sancionado un nuevo Código Procesal Penal que cambiaba el sistema, dándole más facultades a los fiscales en la investigación de delitos. Pasamos de un sistema inquisitorio de jueces que investigan a uno con un fiscal que investiga, un defensor que defiende y un juez que decide. Nos pareció conveniente que la oficina de escuchas telefónicas pasara a la órbita de quienes tiene que investigar. Por decreto, Macri la sacó de la Procuración, y se la dio a la Corte”, explicó.
Mencionó al por entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y al juez de Casación Penal, Martín Irurzun, como los artífices de una “AFI paralela, utilizada como estructura de poder interno dentro del gobierno”. “Por eso creemos que la Corte no puede seguir teniendo en sus manos esa oficina”, destacó.