Hace apenas unos pocos meses, a fines de julio último, el CPEM N°54 del Oeste de la ciudad de Neuquén fue escenario de un episodio tan preocupante y patético como inadmisible e indignante. La madre de una alumna irrumpió plena de furia, rompió cristales de la puerta principal y la emprendió a trompadas contra un docente, porque su hija olvidó la fecha del examen, quiso rendir otro día y no la dejaron.
Lo nuevo es que diputados provinciales tomaron nota de ese y de otros bochornos y presentaron un proyecto para incorporar, al programa de prevención de violencia escolar, las agresiones contra los profesores y trabajadores de la educación por parte de personas ajenas a los establecimientos.
En su presentación, los legisladores del bloque Siempre -Andrés Peressini y Laura Bonotti- también propusieron que les garanticen el asesoramiento y la asistencia legal gratuita. Explicaron que, desde la sanción de la ley en 2010, el Consejo Provincial de Educación (CPE) viene trabajando en la elaboración de diferentes protocolos y programas para el abordaje institucional de hechos de violencia.
También señalaron que “para las situaciones de violencia provenientes de personas ajenas a la institución, se aplica un procedimiento que contempla instancias de mediación, diálogo y reflexión”, pero advirtieron que “hay situaciones que trascienden las fronteras de la posibilidad de mediación y requieren de una reparación desde la vía judicial, por lo que es necesario el asesoramiento y acompañamiento legal a los y las trabajadores de la educación”.