La historia del ENIM como ente intermunicipal que administra el yacimiento gasífero «El Mangrullo», transferido por ley provincial N° 2206/97 a ambos municipios petroleros después de la «puebladas» de 1996 y 1997 no es para encuadernar en páginas a lomo de oro, precisamente.
En 1999 se llamó a un concurso de adjudicación del área gasífera y en enero del 2000 lo ganó Petrolera Santa Fe, firma adquirida años más tarde por la brasileña Petrobras.
En los nueve años desde que la firma carioca se adjudicó el yacimiento al adquirir la mencionada compañía por 89 millones de dólares a comienzos de siglo, ésta invertiría otros 38 millones de la divisa norteamericana en los trabajos de exploración.
Entre el 2000 y 2003 se dispusieron un poco más de 23 millones de la moneda estadounidense, mientras que la frustrada promesa de una central térmica de 350 MW en el plazo de 3 años (una de las condiciones para el acceso al área) encendía una disputa judicial entre el ENIM y la entonces Petrolera Santa Fe por la suma a ejecutar a través de una carta de garantía al ente de 5.664.525 dólares, la que fue finalmente ejecutada por el directorio intermunicipal.
La firma Santa Fe interpretaba que debía pagar en pesos argentinos y no en dólares, ya que luego de la devaluación hubo controversia sobre los ajustes de garantía en la divisa norteamericana, por lo que interpuso una medida contra el ente y el banco garante. Así las cosas, un tribunal estadounidense dilucidó que la petrolera pagara la suma en dólares en una cuenta del ENIM, dando entonces un poco de aire al por entonces descapitalizado ente.
A comienzos de 2007, Petrobras respondió con el pago en concepto de regalías establecido por contrato de un mínimo de 400.000 m3 diarios. A las pocas semanas de esto ambos municipios tomaron valor y pretendieron adendar al contrato de concesión un aumento del porcentaje mensual de regalías, ya que en la víspera de una reunión con el directorio del ENIM la empresa solicitó cambios en el contrato no revelados en su totalidad hasta hoy.
El incremento votado por ambos concejos fue de 12 al 24 por ciento mensual de dichas regalías por producción hidrocarburífera. El pedido se hizo en el 2008, pero esto no fue aceptado por Petrobrás, y finalmente todo quedó en la especulación política y periodística local.
Hacia 2001, las tareas de investigación sísmica en seis pozos de las zonas geológicas de «Mulichinco» y «Tordillo», habían comprobado las reservas del yacimiento por el que Petrolera Santa Fe erogara más de 25 millones de dólares con el compromiso de que, cumplido un plazo de 36 meses, debía empezar a abonar al ENIM el porcentaje en concepto de regalías, aunque no estuviese en etapa productiva. Así, desde que Petrobras dispuso del yacimiento ejecutó en tres años un programa de inversiones del que teóricamente daba cuenta periódicamente al Comité Ejecutivo del ENIM, integrado por cuatro directores que representan en partes iguales a cada municipio. Este directorio ha sido señalado en sus sucesivas formaciones como presunto partícipe de irregularidades en detrimento del propio ente, por caso la entonces conformación era sospechada en 2007 de maniobras que habrían beneficiado a Petrobras en cuanto a las multas acumuladas en ese año debido al incumplimiento en los mencionados plazos de liquidación de regalías, algo nunca comunicado a los síndicos.
Al respecto, el Ing. Raúl Seoane, uno de los directores por entonces, calificó las citadas multas como «adelanto» de regalías, permitiendo de esta manera que los montos se devuelvan a posteriori a la petrolera y generasen pérdidas virtuales a las ciudades en cientos de miles de pesos por «perdonarle» a la multinacional brasilera dichas sumas adeudadas, más intereses.
Al hacerse pública esta situación hizo que ambos deliberantes exigieran un año después la mencionada suba del porcentaje de regalías, algo a lo que Petrobras comprometió a responder en un plazo de 30 días a partir en agosto de 2008, algo que nunca hizo y tampoco el ENIM ha reclamado; de hecho, el ingeniero Raúl Aversano, un ex director, dijo que «en realidad nunca hubo pedido formal, sólo conversaciones en un marco de mutuo interés, pero nada más».
En junio de 2008, dos concejales opositores en ambos municipios presentaron ordenanzas para una auditoría externa del ENIM, pero en Cutral-Có fue rechazada.
En efecto, los por entonces ediles Carlos Moraña (PI) y Gustavo «Funyo» Rodríguez (Servicio y Comunidad), de Cutral-Có y Plaza Huincul, respectivamente, presentaron en cada uno de sus Concejos proyectos de ordenanza para disponer una auditoría externa al ENIM.
En el caso de Rodríguez, se basó en el Art. 201º de la carta orgánica municipal, Capitulo VII sobre Entes Autárquicos, que expresa que los mismos «atenderán las tareas que el municipio les delegue, confiriéndose poderes de administración para que las ejerzan como competencia propia, quedando sometidos al control directo de aquél», lo que es interpretado como una brecha legal para justificar el contralor municipal, en este caso con auditoría externa.
Para Moraña resultaba imprescindible una auditoría externa para conocer la utilización de los fondos que administra ENIM para permitir determinar responsabilidades y conocer su real estado de cuenta, para lo cual se requería hacerlo a través de otra ordenanza en Cutral-Có que contemple el mismo objetivo. Para que la iniciativa fuera posible se necesita la aprobación de ambos cuerpos deliberativos: en Huincul por dos tercios y en sus vecinos por mayoría simple. En la comuna del por entonces intendente Ramón Rioseco, no se aprobó.
Por esos años, Gustavo Rodríguez expresaba: «Luego de 10 años de gestión del Ente, con más de 31 millones de dólares en sus activos, parece obvio, que después de haber realizado controles e informes considerados insuficientes, se disponga de una auditoría externa».
La sindicatura, como órgano de contralor autónomo y externo, dispone de las facultades por Carta Orgánica para realizar la auditoria, la que de haberse efectuado hubiera comprendido desde el inicio de gestión del ENIM.
El arqueo contemplaba por entonces la evaluación de los estados financieros: el cumplimiento de las disposiciones en materia contable; el acuerdo conciliatorio y adenda al pliego y contrato de exploración del área “El Mangrullo”, realizado en enero del 2004; la evaluación de los criterios de inversión del capital y sobre la pesificación de los depósitos en dólares en 2001 con el perjuicio por la modificación del tipo de cambio, un verdadero escándalo que hasta hoy sacude los cimientos éticos del ENIM y sus directorios.
Otros objetivos en la mira de los auditores eran la evaluación y gestión de control de los síndicos; los créditos y adelantos de recursos para ambos municipios; los criterios asumidos para otorgar créditos; las garantías y viabilidad de proyectos, como así también la detección de procedimientos ineficaces o cuyo costo no guarde relación con los resultados, además de evaluar la probidad de los funcionarios, la corrección de las decisiones adoptadas y la correcta utilización de los recursos en relación a los presupuestos.
Los honorarios, consultoras, incubadora de empresas y/o asesoramiento se contemplaron en la auditoría, al igual que el control del ENIM al concesionario del yacimiento y la verificación y cálculo en regalías, entre otras cuestiones pertinentes a las sospechas que siguen siendo actuales. El costo de la auditoria sería afrontado con fondos del propio Ente.
Con el fin de contar con un mecanismo ágil de destitución de los directores y síndicos del ENIM, los ediles Moraña y Rodríguez habían intentado aprobar sus respectivos proyectos de ordenanzas y a partir de allí los concejales estarían en condiciones de remover o destituir a los directores y síndicos del Ente antes de la finalización del período de su mandato al igual que la norma del pedido de aumento de regalías. Sin embargo, sólo Plaza Huincul lo aprobaría, dejando dichos intentos en la nada desde entonces, pues se requieren “ordenanzas espejo”, así denominadas a pesar de su incorrecta interpretación, para lograr el consenso político y administrativo del directorio del ENIM, aunque esto no siempre se ha cumplido al pie de la letra.
Las denuncias del contador Rattá respecto de las irregularidades que configurarían presuntos delitos de malversación financiera del Ente Intermunicipal “El Mangrullo” por cientos de millones -contando intereses a raíz de fracasadas inversiones en compañías bursátiles- son el resultado, como puede rastrearse a través de los a veces ignotos archivos de su directorio, de una seguidilla de actos administrativos poco claros y con un denominador común: el manejo y control discrecional del poder político por sobre los intereses de ambas ciudades petroleras.