Este jueves hubo nuevos avances en la causa por estafas con planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. La primera novedad es que, ante el vencimiento de la preventiva de los acusados Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna, la jueza Estefanía Saulí recibió la solicitud de la fiscalía para extender la cautelar por seis meses más.
Esto descolocó a la defensa de Sanz, que supuso que conseguirían la prisión domiciliaria tras las incendiarias declaraciones del acusado en los últimos días, en las que asumió su rol en maniobras de corrupción, con detalles y nombres de personas involucradas –entre ellos Soiza y Osuna–. Sin embargo, el fiscal jefe Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez hicieron caso omiso al pedido del abogado defensor Gustavo Palmieri y pidieron la extensión de la prisión preventiva.
Palmieri pidió la “inmediata libertad” de Sanz argumentando que hoy no constituye un riesgo para la investigación, y que la extensión es “irrazonable y arbitraria”: el letrado ofreció la prohibición de contactarse con los imputados –Lucía Mariel Soto, Analía Griselda Scherer, Cristian Javier Vergara, Paula Gabriela Zeballos– que antes lo señalaron a él, a Soiza y a Osuna no solo por las estafas sino por reiteradas amenazas, manipulaciones y por quitarles celulares y computadoras anticipándose a los allanamientos.
En el momento de solicitar la extensión de la prisión preventiva, el fiscal Narváez citó la sentencia del juez de Garantías Cristian Piana a Soiza, Sanz y Osuna, en la que remarcó el miedo a represalias que tenían los cuatro de los 31 imputados Soto, Vergara, Scherer y Zeballos. Asimismo, la fiscalía comprendió que la declaración de Sanz no sumó información nueva, sino que confirmó lo que ya se venía investigando y que aportaron los otros imputados. En esa línea, los fiscales esgrimieron que la ley del arrepentido no se aplica en la provincia de Neuquén.
Por su parte, la defensa de Ricardo Soiza comandada por Esteban Sampayo hizo el mismo pedido de liberación del imputado, en la misma línea argumental que el abogado de Sanz. Tanto Sampayo como Fernando Diez –abogado de Osuna–, insistieron que el exministro Abel Di Luca y el contador Tomás Siegenthaler están en libertad siendo que fueron acusados junto a Sanz, Soiza y Osuna como líderes de la asociación ilícita.
Además recordaron que otro de los imputados, el abogado Alfredo Cury también continúa en libertad, siendo que fue otro de los señalados por Scherer, Soto, Vergara y Zeballos como responsable del proceso de eliminación de pruebas previo al allanamiento.
Luego de oír a todas las partes en esta nueva audiencia, la jueza Saulí decidió hacer un cuarto intermedio hasta mañana viernes, día en que comunicará su decisión. La magistrada consultó a la fiscalía si el cambio de criterio con Sanz –a quien habían prometido la domiciliaria– se debió a la declaración del nuevo arrepentido Guillermo Meza (padre), y la respuesta de Narváez y Vignaroli fue positiva.
Guillermo Meza padre declaró que le alquilaba autos de forma irregular a Sanz, quien lo contrató para trabajos en un barrio privado de Plottier en el que Valeria Honorio –pareja de Sánz– construía su casa. Según Meza, Sánz le abonó casi dos millones de pesos en concepto de materiales y cien mil pesos por mes por la mano de obra.