El abogado defensor de los socios de CALF, Gaston Rambeaud, anunció que presentarán una acción de protección para los consumidores con el objetivo de evitar que la deuda que la cooperativa adquirió con la comercializadora de energía CAMMESA recaiga sobre los usuarios.
Sobre la deuda, Rambeaud ratificó que se generó no porque el usuario haya dejado de pagar, sino porque la empresa decidió dejar de abonar a la comercializadora. “La deuda no está compuesta por la diferencia de precios que CAMMESA quiso cobrar a CALF por los aumentos y que la cooperativa no pudo pagar porque la municipalidad se atrasó en las aprobaciones de los aumentos. Sino que se produjo porque no pagaron. Nosotros los consumidores pagamos las facturas y no hay explicaciones de por qué no se pagó. Nos quieren obligar a pagar dos veces”, expresó en radio MITRE PATAGONIA.
El abogado planteó que la acción que se presentará es gracias a lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, a la que la provincia de Neuquén y la municipalidad adhirieron. “Esa normativa prevé otros caminos procesales para defender los derechos de los consumidores. A nuestro modo de ver son más eficientes que las acciones de amparo y es esa la acción que vamos a iniciar”, manifestó. Se trata de una acción sumarísima de defensa del consumidor.
Rambeau comunicó que optaron por esta opción ya que están convencidos que se debe demandar a aquellos que tienen vinculación jurídica, en este caso la cooperativa prestadora del servicio. “Si nosotros queremos que la prestadora de servicios públicos no agregue ítems, que consideramos que no tienen que ir porque la ley de defensa del consumidor no lo permite, tenemos que demandar a quien queremos que actúe de ese modo planteando la inconstitucionalidad de la ley”, explicó.
El abogado manifestó que otro de los motivos por cuáles optaron por esta medida es por el rechazo que obtuvo la acción de amparo presentada por la defensoría del pueblo y porque el Poder Ejecutivo no intervino. Sobre este punto, señaló que el Ejecutivo municipal tiene un plazo para vetar o no las ordenanzas del órgano legislativo. En este caso no realizó ninguna acción, pero tiene un plazo hasta el martes 19 para vetar la ordenanza, comunicó.
Por último, otro de los puntos que criticó el abogado es la facultad de los legisladores municipales de decidir que una deuda de terceros la paguen los usuarios de los servicios. “Si esta es la potestad del legislativo cualquier deuda futura puede recaer en los vecinos”, señaló.